Un informe del CEU CEFAS y del Instituto Juan de Mariana concluye que tres cuartas partes de las normas analizadas, aprobadas por los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez, presentan algún grado de exceso regulatorio y podrían derogarse, simplificarse o reformarse a fondo. Según informa The Objective, el estudio pide 132 derogaciones.
Las cifras del informe
De 598 normas revisadas, 453 plantean problemas. Para el 23% se pide la derogación completa, para el 35% una reforma en profundidad y para el 18% una revisión del gold plating, que consiste en añadir contenido superfluo a las normas europeas o colar asuntos ajenos al objeto de la ley. De las 132 derogaciones solicitadas, 41 corresponden a la etapa de Zapatero, 34 a la de Rajoy y 57 a la de Sánchez.
Entre los ejemplos de derogación figuran leyes de la etapa de Rajoy contra la crisis, como las del rescate bancario o las medidas recaudatorias, que el informe considera desfasadas.
Un segundo estudio sobre burocracia
El artículo recoge también un estudio de la Fundación Internacional para la Libertad, el Adam Smith Center for Economic Freedom y la Fundación Libertad sobre burocracia. Según sus cálculos, la hiperregulación costaría entre 1.200 y 5.700 millones de euros al año. Abrir un negocio tarda de media 36 días: Madrid es la comunidad más ágil, con 22,5 días, y Navarra la más lenta, con 55,5.
En 2025 se crearon 127.533 sociedades, que esperaron de media 206 horas laborables. Según el estudio, el retraso cuesta entre el 0,07% y el 0,34% del PIB y, si todas las comunidades igualaran a Madrid, el ahorro sería de 450 a 2.150 millones de euros al año.
Los cuellos de botella
El informe señala cuatro trámites críticos: las licencias previas de actividad, las autorizaciones de terrazas, la activación del suministro eléctrico y el proyecto técnico del local. Los ayuntamientos consumen el 66% del tiempo de apertura. Abrir una cafetería con terraza va de 38 días en Valencia a 135 en Cantabria.
La tesis de los autores
Los autores sostienen que la regulación excesiva funciona como un impuesto implícito que desvía recursos al cumplimiento burocrático, reduce la innovación y limita la acción empresarial. Afirman que derogar y reformar estas disposiciones es una condición necesaria para recuperar dinamismo económico y competitividad.
El debate sobre la carga fiscal
El informe se suma a otros análisis sobre el peso del Estado en la economía. LaBandera ya recogió que la clase media paga un 18% más de impuestos con Pedro Sánchez mientras su renta cae un 4% y que los impuestos quitan un 3,8% de poder adquisitivo al trabajador medio desde 2018.
Lo que hay que matizar
Ambos informes proceden de entidades de orientación liberal y reflejan su visión de qué es un exceso regulatorio, un concepto que no es neutro: algunas normas que el informe considera superfluas pueden proteger derechos laborales, ambientales o de consumo. El artículo no cuantifica el impacto de las leyes en el PIB; el único dato de peso es el 0,07% al 0,34% que costaría la demora en la apertura de empresas. Tampoco recoge respuesta del Gobierno ni de los partidos.
Las propuestas del informe se publican en plena campaña, y es de esperar que algunos partidos las recojan en sus programas mientras otros las rechacen por considerarlas una desregulación que debilita derechos.
Lo que falta por saber
Falta saber cuáles son las 132 normas concretas señaladas, qué partidos incluirán estas propuestas en sus programas, cuánto costaría y qué beneficio produciría cada derogación y cómo se evitaría que una reducción de trámites afecte a garantías necesarias. Con la campaña en marcha, la desregulación aparece ya como un eje de los programas de varios partidos, y estas cifras alimentarán el debate.
