La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propuesta por el Ministerio de Trabajo ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y las organizaciones empresariales. La CEOE y Cepyme han cargado duramente contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por plantear un incremento del 5,3% para 2027 sin acuerdo previo con los agentes sociales y, según denuncian, sin disponer aún de todos los indicadores económicos necesarios para adoptar una decisión de este calado.
La polémica se desencadenó después de que el Ministerio publicara en la noche del miércoles el borrador de real decreto que eleva el SMI hasta los 18.004 euros anuales. Los empresarios sostienen que esta decisión se produjo apenas unas horas después de una reunión del diálogo social en la que, afirman, el departamento dirigido por Díaz no presentó ninguna propuesta concreta sobre la cuantía de la subida.
Utilización política
En un comunicado, CEOE y Cepyme denuncian que conocieron el incremento a través de los medios de comunicación y califican la actuación del Ejecutivo como una utilización política de su capacidad legislativa en plena precampaña electoral.
Según la patronal, la medida debería ser adoptada por el Gobierno que resulte de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y no por un Ejecutivo que afronta sus últimas semanas de mandato.
Contexto económico
Las organizaciones empresariales consideran además que el contexto económico aconseja esperar para disponer de datos más precisos sobre la evolución de la inflación y otros indicadores relevantes. A su juicio, tomar una decisión ahora impide realizar una evaluación completa de su impacto sobre el empleo, los costes empresariales y la competitividad.
La CEOE también advierte de las consecuencias que la medida podría tener para miles de pequeñas y medianas empresas, así como para familias que contratan servicios de cuidados y atención domiciliaria. Según su análisis, estos colectivos asumirían incrementos de costes superiores al crecimiento del IPC.
Asimismo, la patronal reprocha al Gobierno que impulse nuevas subidas salariales mientras mantiene sin resolver la actualización de numerosos contratos públicos, una reivindicación histórica de las empresas adjudicatarias que deben asumir mayores gastos laborales sin posibilidad de repercutirlos.
La propuesta de Trabajo supondría elevar el salario mínimo en más de 900 euros anuales, una medida que vuelve a situar el debate laboral y económico en el centro de la campaña electoral.
