A falta de menos de un mes para la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la Junta Electoral Central (JEC) mantiene la suspensión sobre el uso de la aplicación móvil del DNI digital para poder votar ese 29-N.
El organismo arbitral fundamenta su decisión en la necesidad estricta de garantizar la seguridad del proceso y exige que todas y cada una de las mesas electorales dispongan de un sistema técnico capaz de verificar de forma fehaciente y en tiempo real el código que genera la credencial digital.
La medida preventiva de la JEC, adoptada inicialmente el pasado mes de marzo tras detectar deficiencias de verificación, se ha mantenido firme tras su revisión de finales de octubre. El organismo ha rechazado hacer excepciones entre mesas o recintos electorales, fijando como requisito imprescindible que el sistema de autenticación esté plenamente operativo en la totalidad del territorio antes de dar luz verde al voto mediante dispositivo móvil. Para los comicios del 29-N hay previstas más de 61.000 mesas electorales en todo el país, casi un millar más que en la anterior cita con las urnas.
Chapuza ilegal
Para cumplir con las exigencias del organismo arbitral y tratar de levantar el veto a la aplicación MiDNI, el Ministerio del Interior ha recurrido a una contratación de emergencia de más de 7 millones de euros orientada a alquilar 61.033 lectores electrónicos.
Asimismo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó a finales de octubre un real decreto recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que encomienda formalmente a Correos la distribución, trazabilidad y posterior recogida de estos dispositivos en las mesas electorales durante la jornada.
La vía de urgencia utilizada por el Gobierno ha desatado duras críticas en la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la maniobra de «chapuza ilegal» y ha criticado la justificación de la emergencia para adjudicar el contrato a escasas semanas del 29-N. Por su parte, la JEC reitera que la suspensión no decayera hasta que Interior certifique formalmente la plena disponibilidad y correcto funcionamiento del sistema de comprobación en la totalidad de los colegios electorales.
