La polémica sobre el voto exterior vuelve a sacudir al Gobierno de Pedro Sánchez a pocos días de las elecciones del 29-N. Según publica El Debate, de los 163.355 nacionalizados en virtud de la conocida como Ley de Nietos afectados por las medidas cautelares del Tribunal Supremo, únicamente 901 han acreditado ante los consulados su condición de descendientes de exiliados.
El dato supone apenas una pequeña parte del total y vuelve a poner bajo el foco el procedimiento de nacionalización y la incorporación de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La cifra alimenta las dudas políticas sobre los controles aplicados, aunque por sí sola no demuestra que se haya cometido una manipulación electoral.
Se confirma de esta manera la presunta estafa electoral que pretende o pretendía cometer el PSOE a través de la manipulación del censo exterior gracias a la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente.
Los 'nietos' afectados
El Gobierno entregó miércoles al Tribunal Supremo, coincidiendo con el caos de Urda, la relación nominal de los 163.355 afectados, dentro del plazo fijado por el alto tribunal. La Abogacía del Estado había informado previamente de que 163.020 personas nacionalizadas por esta vía habían sido incorporadas al censo exterior.
El Supremo estableció medidas cautelares para que únicamente puedan votar quienes acrediten documentalmente que son hijos o nietos de exiliados. La Sala había requerido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que facilitaran la identidad de los afectados, con advertencia de multas o posibles actuaciones en caso de incumplimiento.
El voto exterior, bajo la lupa
La polémica también alcanza a Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dirige la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo relacionado con la tramitación de expedientes de nacionalidad. Su papel vuelve a ser objeto de críticas políticas en el contexto de las dudas sobre la gestión de la ley de nietos.
La situación ha llevado a algunos sectores a denunciar una presunta estafa electoral y a reclamar explicaciones sobre cómo se han tramitado los expedientes y cómo se ha garantizado la integridad del censo exterior. Sin embargo, las cifras conocidas no acreditan por sí mismas que el PSOE haya manipulado el censo ni que se haya producido fraude electoral.
Diplomáticos españoles
Por su parte, la Asociación de Diplomáticos Españoles ha denunciado la falta de medios humanos y técnicos en la red consular. La organización sostiene que los consulados han cumplido el requerimiento judicial con un «esfuerzo descomunal», pese a la falta de apoyo y a la incertidumbre sobre los plazos de revisión.
La cuestión queda ahora en manos de las autoridades competentes: determinar quiénes cumplen los requisitos legales para votar y garantizar que el proceso se desarrolla con todas las garantías. A las puertas de las elecciones, la transparencia sobre el censo exterior resulta esencial para preservar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
