España vive una de las jornadas más negras de su historia ferroviaria. El accidente de Urda (Toledo) ha elevado a 74 el número de fallecidos, según el último balance difundido, que se suma a las 46 víctimas mortales de la tragedia de Adamuz, ocurrida el pasado enero. Entre ambos siniestros, el balance alcanza ya los 120 muertos.
Una cifra demoledora que coloca a España ante una crisis de seguridad ferroviaria de enorme gravedad y que obliga a revisar las condiciones en las que circulan los trenes de alta velocidad. La sucesión de dos catástrofes mortales en apenas unos meses ha desatado la indignación de las víctimas, los trabajadores del sector y buena parte de la opinión pública.
Óscar Puente sigue sin dimitir. Ni nadie de Transportes, Adif o Renfe.
El accidente de Urda se produjo cuando un AVE que viajaba de Madrid a Sevilla colisionó con un tren Iryo que se encontraba detenido después de una incidencia en el sistema de seguridad LZB. Según la información conocida hasta ahora, una decisión tomada desde el centro de control de ADIF en Madrid permitió que el tren de Renfe reanudara la circulación «con normalidad».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado esa autorización de «errónea» e «inexplicable». Una explicación que, lejos de despejar las dudas, abre nuevos interrogantes sobre los protocolos aplicados cuando falla un sistema de protección ferroviaria.
Los maquinistas exigen seguridad
La tragedia llega además en plena tensión con los trabajadores del ferrocarril. El sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado una huelga convocada en Renfe para reclamar mejoras de seguridad y medidas que eviten nuevos accidentes.
La protesta pone de manifiesto el malestar existente entre los profesionales del sector, que llevan tiempo reclamando más garantías para desempeñar una labor de enorme responsabilidad.
Mientras las investigaciones de Urda y Adamuz siguen su curso, las familias de las víctimas esperan respuestas y responsabilidades. La sucesión de accidentes ha convertido la seguridad ferroviaria en una cuestión de máxima urgencia política.
Los 120 fallecidos de ambas tragedias representan una cifra devastadora. España necesita conocer qué falló, por qué se produjeron estos accidentes y qué medidas se adoptarán para que viajar en tren vuelva a ofrecer a los ciudadanos la seguridad que esperan.
La investigación deberá determinar las causas y responsabilidades concretas. Pero el Gobierno y los responsables ferroviarios ya no pueden limitarse a las explicaciones genéricas: las víctimas y los viajeros merecen respuestas claras y garantías reales.
