VOX ha presentado este jueves una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en la modalidad de comisión por omisión, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda (Toledo).
La iniciativa judicial de la formación liderada por Santiago Abascal busca esclarecer si el titular de Transportes pudo incurrir en responsabilidades penales por una eventual falta de dirección, control y supervisión en materia de seguridad ferroviaria. La querella no implica que exista una responsabilidad criminal acreditada, pero pretende que los tribunales investiguen qué sabía el ministro, qué advertencias recibió y qué medidas adoptó para prevenir riesgos.
El movimiento judicial se produce tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además del siniestro de Urda. VOX considera necesario examinar si las deficiencias advertidas y las reclamaciones formuladas antes de la tragedia fueron atendidas adecuadamente por el Ministerio y por los organismos responsables de la infraestructura.
VOX pide que Puente declare como investigado
Uno de los puntos centrales de la querella es la petición de que Óscar Puente comparezca ante el Supremo en calidad de investigado, para que pueda esclarecerse su actuación y las posibles omisiones en el ejercicio de sus responsabilidades.
La formación reclama que se incorporen a las diligencias los informes técnicos, las comunicaciones internas y las alertas que pudieran haber recibido tanto el Ministerio como Adif sobre el estado de la infraestructura y las condiciones de seguridad de la línea. El objetivo es determinar si existían advertencias concretas, quién tuvo conocimiento de ellas y qué decisiones se adoptaron.
VOX también solicita que se examinen los protocolos aplicables ante posibles fallos de los sistemas de protección ferroviaria. La investigación deberá aclarar si se siguieron los procedimientos establecidos y si había deficiencias que pudieran haber influido en el accidente.
Además, el escrito pide tomar declaración a responsables ministeriales, representantes sindicales y miembros de la asociación de víctimas de Adamuz, con el propósito de reconstruir las advertencias realizadas y las medidas acordadas antes de los siniestros.
El mantenimiento y las medidas de seguridad, bajo la lupa
La querella pone especial atención en el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero entre Transportes y las organizaciones sindicales para reforzar el mantenimiento, aumentar las plantillas y mejorar la seguridad ferroviaria.
VOX solicita que se compruebe el grado de cumplimiento de aquellos compromisos y que se identifiquen las siete medidas que, según la información recogida en el escrito, seguían en tramitación a fecha de 16 de octubre. La formación considera necesario determinar si se actuó con la diligencia exigible ante los riesgos existentes. Para ello, reclama una prueba pericial independiente que analice las posibles deficiencias de mantenimiento y seguridad, así como las medidas que podrían haber evitado la colisión.
La investigación deberá establecer, en su caso, si existía una relación entre las deficiencias detectadas y el accidente, sin dar por acreditada de antemano ninguna hipótesis sobre las causas del siniestro.
Una investigación para esclarecer las responsabilidades
La iniciativa judicial sitúa a Óscar Puente bajo presión política en un momento en el que la seguridad ferroviaria y la gestión del Ministerio están sometidas a un intenso escrutinio público. La cuestión central será determinar si el ministro conocía o debía conocer riesgos concretos y si, dentro de sus competencias, adoptó las medidas necesarias para afrontarlos.
VOX reclama que se investiguen tanto las decisiones tomadas como las actuaciones que pudieron quedar pendientes. El procedimiento también deberá distinguir entre las responsabilidades políticas, las posibles deficiencias administrativas y aquellas conductas que, si se acreditaran los requisitos legales, pudieran tener relevancia penal.
Con esta acción, VOX pretende que las advertencias sobre el mantenimiento y la seguridad ferroviaria no queden sin respuesta y que se esclarezca hasta el final qué falló en Urda, quién conocía los riesgos y si se hizo todo lo necesario para proteger la vida de los viajeros.
