La tragedia ferroviaria de Urda vuelve a poner bajo el foco la gestión de la seguridad y el mantenimiento de la alta velocidad española. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha cuestionado que el Gobierno centre las explicaciones en un posible error humano mientras siguen pendientes actuaciones que considera fundamentales para garantizar la circulación segura de los trenes.
En una entrevista publicada por El Mundo este miércoles, Pardo de Vera afirma: «El Gobierno no puede hablar de error humano después de lo que ha hecho con el mantenimiento y la seguridad». La antigua responsable de la empresa pública, que asegura estar dispuesta a colaborar con la Justicia, defiende que la investigación debe examinar el funcionamiento del sistema en su conjunto y no limitarse a señalar a un trabajador.
Uno de los principales problemas que identifica es el retraso en la modernización de los sistemas de control y protección ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según los datos recogidos por El Mundo, Adif adjudicó en septiembre de 2021 a Thales España un contrato de 94 millones de euros, financiado con fondos europeos, para renovar las instalaciones de seguridad e implantar el sistema ERTMS.
El plazo de ejecución era de 52 meses, por lo que los trabajos debían haber concluido en enero de 2026. Sin embargo, la modernización seguía pendiente en el momento de publicarse la información.
«Mi primera sorpresa es que aún no está el ERTMS», lamenta Pardo de Vera, que recuerda que el proyecto quedó licitado y adjudicado durante su etapa al frente de Adif.
La seguridad, en el centro de la investigación
La expresidenta también cuestiona que se mantenga una circulación intensa si el sistema anterior, el LZB, está registrando problemas. A su juicio, cuando aparecen incidencias, debe valorarse la posibilidad de restringir el tráfico, especialmente en líneas con una elevada densidad de circulación.
Su segunda advertencia se refiere a la estructura interna de Adif. Pardo de Vera sostiene que la desaparición de una dirección general de Seguridad con suficiente autonomía debilitó la capacidad de esa área para defender sus criterios frente a otras prioridades de gestión. Según explica El Mundo, el organigrama implantado en 2025 integró esta función en el gabinete de la presidencia de Adif.
Las críticas también alcanzan a las condiciones laborales. El sindicato CSIF había advertido en septiembre de jornadas prolongadas y hasta cinco noches consecutivas en determinados departamentos de circulación e infraestructuras, circunstancias que, según la organización, incrementan los riesgos.
La investigación deberá determinar qué factores intervinieron en el accidente de Urda y si existieron fallos técnicos, humanos u organizativos. Las declaraciones de Pardo de Vera añaden nuevas cuestiones a esclarecer: el retraso de las inversiones, los protocolos aplicados ante las incidencias y el papel de los responsables de seguridad.
La prioridad ahora es conocer qué ocurrió y establecer, con pruebas, las responsabilidades que correspondan.
