VOX ha presentado este miércoles una querella contra responsables de ADIF para impedir que se pierdan, retiren o alteren pruebas esenciales para esclarecer las causas del grave accidente ferroviario de Urda (Toledo).
La formación de Santiago Abascal reclama medidas judiciales urgentes para asegurar los restos de los trenes siniestrados, proteger la zona del siniestro y conservar toda la documentación y los registros electrónicos relacionados con la circulación ferroviaria.
La iniciativa judicial responde, según el partido, a un riesgo «real e inminente» de pérdida o manipulación de fuentes de prueba. Los servicios jurídicos advierten de que la presión para restablecer el servicio ferroviario puede llevar a retirar, cortar o reparar piezas antes de que se hayan completado las diligencias necesarias. También alertan de que determinados datos electrónicos podrían sobrescribirse si no se preservan a tiempo.
La querella se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz y plantea la posible comisión de delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, recogidos en los artículos 142 y 152 del Código Penal. Se trata de presuntas responsabilidades que deberán investigarse judicialmente, sin que la presentación del escrito implique que se haya acreditado la comisión de delito alguno.
El foco, en el puesto de mando de Atocha
El ministro Puente dirige la acción contra el operador u operadores del puesto de mando de circulación de Atocha que autorizaron, presuntamente, la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema de protección LZB. También señala a sus superiores jerárquicos y a quienes tuvieran responsabilidades en la definición, aplicación y supervisión de los protocolos de seguridad para situaciones degradadas.
VOX sostiene que ADIF tiene obligaciones específicas como administrador de la infraestructura ferroviaria y responsable de gestionar el tráfico en condiciones seguras. Por ello, reclama que se investigue si se aplicaron correctamente los procedimientos previstos cuando falló el sistema de protección.
El precedente de Adamuz
La formación justifica la urgencia de su iniciativa recordando el accidente de Adamuz, en Córdoba, ocurrido el 18 de enero de 2026 y que dejó 46 víctimas mortales. VOX presentó entonces una denuncia por presuntas irregularidades en la conservación de pruebas, apoyándose en un informe de la Guardia Civil que, según el partido, describía actuaciones sobre material intervenido y precintado sin la supervisión judicial que consideraba necesaria.
Abascal había anunciado poco después del siniestro de Urda que su formación actuaría judicialmente para garantizar la protección de las pruebas. Ahora, la querella pretende que la investigación pueda reconstruir lo sucedido sin que desaparezcan elementos determinantes.
La prioridad, sostiene VOX, es preservar cada pieza, registro y documento que permita esclarecer las causas de la tragedia y determinar si existieron fallos humanos, técnicos o de procedimiento. La investigación deberá establecer qué ocurrió y depurar, si procede, las responsabilidades correspondientes.
