La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 64 fallecidos y más de 50 heridos, ha vuelto a colocar al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de la polémica. Lejos de asumir responsabilidades políticas por una catástrofe de semejante magnitud, el titular de Transportes ha descartado dimitir y ha señalado directamente al centro de control de ADIF como responsable de la decisión que habría desencadenado el fatal choque.
«Yo en este momento no estoy pensando en dimitir», ha afirmado Puente durante una comparecencia en la estación de Atocha. Una declaración que contrasta con la gravedad de los acontecimientos y que vuelve a alimentar las críticas contra un Gobierno que parece haber convertido la resistencia en el cargo en su principal estrategia política.
El ministro ha asegurado que no se encuentra «en una situación emocional» para plantearse su salida y ha añadido que lo importante es el estado emocional de las familias. Sin embargo, el dolor de los familiares de las víctimas no puede convertirse en una excusa para eludir las responsabilidades que corresponden a quienes dirigen las infraestructuras ferroviarias del país.
Puente señala a ADIF y habla de una decisión «inexplicable»
Según la reconstrucción preliminar ofrecida por el propio ministro, el accidente se habría producido después de que un fallo en el sistema de control de Urda provocara la caída del sistema de seguridad LZB, obligando a detener automáticamente los trenes que circulaban por un tramo de 63 kilómetros.
A las 8.36 horas, según Puente, el centro de control habría autorizado al AVE a reanudar la circulación, pese a que las señales de vía prohibían hacerlo. El convoy recorrió 25 kilómetros antes de colisionar con un tren Iryo que permanecía detenido en la estación.
El ministro ha calificado la decisión de «inexplicable» y ha asegurado que se han escuchado las grabaciones de las comunicaciones entre la salida del tren y el momento del impacto. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es inevitable: ¿quién asume la responsabilidad política cuando el sistema ferroviario bajo su supervisión termina en una tragedia con decenas de muertos?
La responsabilidad política que Puente pretende esquivar
La investigación deberá esclarecer las causas técnicas y determinar las responsabilidades individuales. No obstante, la responsabilidad política no se limita a identificar al trabajador que pudo cometer un error en un centro de control. También exige evaluar la gestión, los protocolos de seguridad, los mecanismos de supervisión y la capacidad de respuesta de quienes dirigen el Ministerio.
Puente ha expresado su solidaridad con las familias y ha manifestado su consternación por lo ocurrido. Sin embargo, sus palabras de condolencia chocan con su negativa a plantearse la dimisión.
En una democracia, la responsabilidad de un ministro no se mide únicamente por su intervención ante los medios de comunicación, sino también por su disposición a responder políticamente cuando se produce una catástrofe de esta dimensión.
64 muertos. Más de 50 heridos. Una investigación que acaba de comenzar. Y un ministro que, antes de que se esclarezcan los hechos, ya ha dejado claro que no piensa abandonar su puesto.
La tragedia de Urda exige verdad, transparencia y responsabilidades. Las víctimas merecen justicia como las de Adamuz. Y los españoles merecen saber si quienes estaban al frente de la seguridad ferroviaria estuvieron a la altura de su responsabilidad.
