La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado decenas de fallecidos, vuelve a poner bajo el foco la gestión de ADIF y del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. El gestor ferroviario acumula retrasos en la sustitución del antiguo sistema de seguridad LZB por el moderno ERTMS en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una renovación que debía comenzar a operar en 2024 y que, a día de hoy, sigue sin completarse.
La noticia adquiere especial gravedad después de que el ministro Óscar Puente haya señalado un fallo del sistema LZB como uno de los elementos que desencadenaron el accidente. La investigación deberá determinar las causas exactas de la tragedia, pero el retraso en la modernización de la infraestructura plantea interrogantes sobre la planificación y las prioridades de los responsables ferroviarios.
La línea Madrid-Sevilla continúa funcionando con el sistema LZB, instalado desde la inauguración del AVE en 1992. Se trata de la única línea de alta velocidad española que mantiene esta tecnología, mientras ADIF trabaja en la implantación del sistema europeo ERTMS de nivel 2.
Una renovación que acumula años de retrasos
ADIF Alta Velocidad autorizó en febrero de 2020 la licitación del proyecto de renovación de las instalaciones de seguridad, con un presupuesto de 131,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 52 meses.
El procedimiento tuvo que reiniciarse después de que el gestor ferroviario desistiera de la primera licitación por una infracción de las normas de adjudicación. La nueva convocatoria se publicó en noviembre de 2020, desplazando los plazos inicialmente previstos. La adjudicación definitiva llegó en septiembre de 2021. Con un plazo de ejecución de 52 meses, la puesta en servicio quedaba situada en 2026. Sin embargo, la modernización todavía no ha concluido.
El proyecto contempla la renovación de los sistemas de señalización, comunicaciones y control del tráfico en una infraestructura que utilizan Renfe, Iryo y Ouigo.
La seguridad ferroviaria, bajo sospecha
El ERTMS es el estándar europeo de gestión y protección ferroviaria. Su implantación permite mejorar la interoperabilidad entre redes y supervisar automáticamente la velocidad de los trenes, con capacidad para ordenar el frenado cuando se superan los límites autorizados.
La cuestión que ahora se plantea es inevitable: ¿por qué una renovación de semejante importancia acumula años de retrasos?
Mientras el Gobierno promete reforzar la seguridad ferroviaria tras la tragedia de Urda, los españoles siguen esperando explicaciones sobre el estado de las infraestructuras y las decisiones que han marcado su mantenimiento y modernización.
Las víctimas merecen justicia. Y los ciudadanos, una red ferroviaria en la que puedan confiar.
