Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles desde el puesto de mando habilitado tras el gravísimo accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha elevado a 68 el número de fallecidos, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha. El balance incluye además 15 heridos en código rojo, es decir, en estado de extrema gravedad.
El presidente del Gobierno ha prometido que llegará «hasta el final» para esclarecer lo ocurrido y ha asegurado que, si se han producido negligencias, se conocerán. Sin embargo, sus declaraciones vuelven a dejar en el aire la cuestión fundamental: ¿quién va a asumir las responsabilidades políticas por el deterioro de la seguridad ferroviaria en España?
Sánchez ha anunciado tres días de luto oficial y ha trasladado su solidaridad a las víctimas y sus familiares. También ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad y reconstruir la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario. «No es asumible para España», ha señalado el presidente, en referencia a la tragedia.
Pero las palabras de Sánchez contrastan con una realidad cada vez más difícil de ocultar: la sucesión de accidentes, las incidencias y las dudas sobre el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias.
Promesas de investigación mientras la red ferroviaria se desmorona
El accidente de Urda se produjo a las 08:48 horas, según los datos trasladados durante las comparecencias oficiales. La tragedia ha vuelto a poner bajo el foco el funcionamiento de ADIF, los sistemas de seguridad y la capacidad de respuesta de los responsables del Ministerio de Transportes.
Óscar Puente, titular de la cartera, ha descartado dimitir y ha atribuido el origen del choque a una decisión humana «inexplicable» en el centro de control de ADIF, tras la caída del sistema de seguridad LZB.
Sánchez, por su parte, ha insistido en que se investigarán las causas y ha asegurado que el origen de los accidentes no tiene por qué estar relacionado. Una afirmación que no despeja las dudas sobre la situación de la red ferroviaria ni sobre las medidas que se han adoptado para evitar que una nueva tragedia vuelva a sacudir al país.
La oposición y los ciudadanos exigen respuestas. Y no basta con anunciar investigaciones después de cada catástrofe: también es necesario explicar qué se ha hecho para prevenirlas.
El precedente de Adamuz vuelve a pesar sobre el Gobierno
La tragedia de Urda llega después del accidente de Adamuz, un precedente que vuelve a alimentar las críticas sobre la gestión ferroviaria del Ejecutivo. Las promesas de reforzar la seguridad y reconstruir la confianza chocan con la percepción de que las medidas anunciadas no han sido suficientes para evitar nuevos episodios de enorme gravedad.
Sánchez ha asegurado que se actuará con contundencia y que se conocerá toda la verdad. Pero ni el anuncio de tres días de luto ni las palabras de solidaridad responden a la pregunta que miles de españoles se hacen hoy: ¿por qué vuelve a ocurrir una tragedia de estas dimensiones? España necesita una red ferroviaria segura, inversiones eficaces, mantenimiento adecuado y responsables políticos que den la cara.
Las 68 víctimas mortales de Urda (por el momento) y familiares no pueden convertirse en una cifra más de una estadística ni en una nueva crisis que el Gobierno pretenda superar a golpe de comparecencias.
La investigación deberá determinar las causas exactas del accidente. Pero la responsabilidad política no puede quedar aparcada indefinidamente mientras las familias lloran a sus seres queridos y los ciudadanos se preguntan si viajar en tren sigue siendo seguro.
