Óscar Puente vuelve a situarse en el centro de la polémica por el accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 46 personas. El ministro de Transportes ha asegurado que «ni pincha ni corta» en la investigación del siniestro y ha defendido que las pesquisas dependen del juzgado de Montoro y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), desvinculando a su departamento de las decisiones sobre el desarrollo de las pruebas.
Las declaraciones, recogidas este lunes por Diario de Sevilla, llegan en plena controversia sobre los informes técnicos que deben esclarecer qué ocurrió. Para las familias de los fallecidos, que necesitan respuestas sobre las causas de la tragedia, las palabras del ministro pueden alimentar la sensación de distancia por parte de quien dirige el departamento responsable del sistema ferroviario.
Puente ha insistido en que el Ministerio no decide cuándo ni dónde se examinan las pruebas, una competencia que atribuye a la Justicia. También ha rechazado las críticas de una trabajadora vinculada a la investigación que sostuvo que sus superiores habían modificado información, cuestionando el rigor de sus consideraciones técnicas.
La polémica por las fisuras en los carriles
Uno de los puntos más delicados afecta a la posibilidad de detectar una fisura en la infraestructura ferroviaria. Según la explicación ofrecida por el ministro, los sistemas actuales de detección de ocupación de vía pueden dejar de emitir una alarma si la corriente eléctrica continúa circulando, aunque lo haga con menor intensidad.
Puente ha señalado que no existe un sistema capaz de detectar automáticamente cualquier fisura en esas circunstancias y ha defendido que sus superiores actuaron correctamente al no firmar un informe que, a su juicio, contenía exigencias técnicamente injustificadas. Llegó a calificar de «barbaridad» una de las consideraciones incluidas por la investigadora.
Sin embargo, precisamente la explicación sobre las limitaciones de los sistemas de detección refuerza la importancia de esclarecer si existían mecanismos de prevención adecuados y si se cumplieron todos los protocolos de seguridad. Esas cuestiones deberán resolverse a partir de las pruebas técnicas y judiciales, sin anticipar conclusiones sobre las causas del accidente.
Las familias necesitan respuestas
El ministro también ha justificado la duración de las pesquisas por la complejidad de este tipo de investigaciones y ha reiterado que cualquier retraso relacionado con la práctica de las pruebas corresponde a las decisiones judiciales.
Que la investigación técnica y judicial deba desarrollarse con independencia no elimina la responsabilidad política de explicar el funcionamiento del sistema ferroviario ni las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Son dos planos distintos que no deberían confundirse.
La tragedia de Adamuz exige transparencia, rigor y explicaciones claras. Las familias de las 46 víctimas tienen derecho a conocer qué sucedió, si hubo fallos evitables y qué responsabilidades, en su caso, deben asumirse.
Por eso, la frase «ni pincho ni corto» amenaza con convertirse en el símbolo de una controversia política que el ministro difícilmente podrá zanjar limitándose a señalar las competencias de jueces y técnicos. La investigación determinará las causas del siniestro; la exigencia de explicaciones sobre la gestión pública seguirá siendo una cuestión legítima.
