La residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, vuelve a situar bajo el foco la contratación pública vinculada al entorno del PSOE. Según una exclusiva publicada por El Debate, la empresa Capross 2004 SL, fundada por el hermano de Sebastián Franquis —secretario general del PSOE de Gran Canaria— y gestionada actualmente por sus sobrinos, se encarga desde 2023 de los servicios de limpieza de esta residencia utilizada por el Gobierno.
La adjudicación se produjo el 23 de noviembre de 2023, apenas tres días después del nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El contrato, concedido por Patrimonio Nacional, ascendió a 115.732,92 euros sin impuestos y ha sido prorrogado en dos ocasiones. La última extensión mantiene el servicio en manos de la compañía hasta el 2 de enero de 2027.
Decenas de contratos públicos durante la etapa de Torres
La información de El Debate añade un dato que aumenta el interés público del caso: Capross 2004 SL obtuvo 162 contratos públicos entre 2019 y 2023, periodo en el que Torres presidió el Gobierno de Canarias. De acuerdo con la investigación, 85 adjudicaciones se concentraron entre 2019 y 2021.
Entre los contratos mencionados figuran servicios de limpieza por valor de 9,3 millones de euros en centros de atención primaria de Gran Canaria, otros 1,9 millones en dependencias del Cabildo de Tenerife y 1,6 millones en edificios de la Agencia Tributaria en Canarias.
El periódico también señala que la empresa triplicó sus propiedades inmobiliarias en 2021, tras adquirir dos locales comerciales en Las Palmas de Gran Canaria. Estas operaciones se produjeron después de que la sociedad recibiera numerosas adjudicaciones públicas, aunque esa coincidencia temporal no demuestra por sí misma que existiera una irregularidad en los contratos.
Transparencia sobre el dinero público
La cuestión exige explicaciones sobre los procedimientos de adjudicación, los criterios aplicados y los posibles mecanismos de control para evitar conflictos de intereses en la contratación pública. La relación familiar descrita por El Debate y el volumen de contratos acumulados justifican un escrutinio riguroso, pero no acreditan por sí solos favoritismo ni ilegalidad.
En un momento de creciente preocupación por la gestión de los recursos públicos, el Gobierno y Patrimonio Nacional deben poder explicar con claridad cómo se seleccionó a la empresa, qué controles se aplicaron y por qué se decidió prorrogar el servicio.
La información publicada vuelve a poner sobre la mesa una exigencia básica en cualquier administración: que los contratos públicos se adjudiquen con transparencia, competencia efectiva y garantías suficientes, sin que las relaciones políticas o familiares generen dudas sobre la imparcialidad del procedimiento.
