El Partido Socialista ha solicitado más tiempo al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa de las denominadas cloacas en la Audiencia Nacional, para recopilar y entregar la documentación económica y contractual que reclama la investigación. El magistrado había concedido un plazo de dos días para recibir la relación de abogados, despachos jurídicos y empresas de consultoría contratados por el PSOE entre 2021 y 2025.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, la formación argumenta que el inicio de la campaña electoral del 29-N dificulta la recopilación de los expedientes internos, las notas de encargo, las autorizaciones de contratación y los justificantes necesarios para acreditar los servicios prestados y los pagos efectuados.

La petición de ampliación del plazo coincide con el avance de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trata de reconstruir el recorrido de determinados fondos y comprobar si los movimientos económicos investigados se corresponden con los servicios reflejados en la documentación contable del partido.

La UCO detecta posibles desfases en la contabilidad del PSOE

Uno de los principales focos de la investigación se encuentra en las diferencias que, según fuentes próximas al procedimiento citadas por El Debate, habrían aparecido al comparar la documentación obtenida durante el registro de la sede socialista con las cuentas presentadas por el partido ante el Tribunal de Cuentas.

Los investigadores habrían localizado varios «huecos» en los registros contables incorporados a la causa. Estas diferencias podrían resultar relevantes para determinar si todos los pagos realizados durante el periodo analizado quedaron debidamente reflejados en la contabilidad oficial.

La cuestión también apareció en las declaraciones relacionadas con Koldo García Izaguirre. Según la información publicada, su defensa sostuvo que disponía de hojas de gastos que no se habrían incluido en los movimientos declarados, pese a que determinados importes sí habrían sido abonados.

El juez Pedraz considera necesario acceder a la documentación interna que permita conocer quién autorizó las contrataciones, qué servicios se encargaron y cuáles fueron las razones que justificaron los pagos. El objetivo es contrastar la información disponible y determinar si existen elementos que respalden las sospechas investigadas.

Los pagos a Leire Díez y los contratos de consultoría bajo sospecha

La investigación examina una serie de pagos que, presuntamente, habrían llegado a Leire Díez a través de intermediarios y sociedades vinculadas a servicios de consultoría.

De acuerdo con los datos recogidos en la información original, los investigadores habrían identificado pagos por un importe de 43.225 euros a través de la consultora Zaño, vinculada a Gaspar Zarrías, y de sociedades relacionadas con Ismael Oliver.

Otro de los nombres que aparece en las pesquisas es el del abogado Jacobo Teijelo, vinculado a la defensa de Santos Cerdán. Según la información publicada, habría recibido facturas por un importe mínimo de 125.000 euros, que la UCO habría considerado instrumentales dentro de las operaciones examinadas.

Además, los agentes habrían localizado dos facturas relacionadas con Teijelo por un importe conjunto de 53.000 euros que no aparecerían reflejadas en los registros contables socialistas analizados.

La investigación trata de determinar si los servicios jurídicos y de asesoramiento facturados se prestaron realmente o si, por el contrario, algunas de esas operaciones pudieron utilizarse para justificar movimientos de dinero distintos de los descritos en las facturas.

Por ahora, estas cuestiones forman parte de las diligencias de investigación y deberán esclarecerse mediante el análisis de los documentos, las declaraciones y el resto de las pruebas incorporadas al procedimiento.

La gerente del PSOE, investigada por las presuntas irregularidades

La causa también ha alcanzado a Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE, cuya imputación se relaciona con las posibles irregularidades examinadas por la Audiencia Nacional.

Durante su declaración ante el juez Pedraz, Fuentes Pacheco habría señalado al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán como responsable de las decisiones presuntamente irregulares.

Las pesquisas se centran, entre otros aspectos, en las contrataciones de servicios jurídicos y de consultoría que podrían no corresponderse con trabajos efectivamente realizados. Los investigadores intentan establecer si estas operaciones tuvieron como finalidad encubrir determinados pagos y si existe una relación entre los movimientos económicos detectados y una posible contabilidad paralela.

La documentación solicitada al PSOE resulta especialmente relevante para reconstruir la cadena de autorizaciones y determinar qué responsables participaron en las contrataciones examinadas.

El PSOE defiende la legalidad de sus contratos y pide ampliar el plazo

La dirección socialista sostiene que está dispuesta a colaborar con la Justicia, aunque considera necesario disponer de más tiempo para reunir toda la documentación requerida.

La portavoz del partido, Rebeca Torró, ha defendido que los contratos investigados corresponden a servicios jurídicos ordinarios y ha rechazado que la formación haya participado en las actividades objeto de las pesquisas. También ha calificado de hipótesis las conclusiones recogidas en los informes policiales.

El PSOE atribuye las dificultades para responder dentro del plazo establecido a la carga administrativa y organizativa derivada de la convocatoria electoral. Sin embargo, la petición de más tiempo coincide con el interés de los investigadores por comprobar la correspondencia entre los pagos identificados y los asientos contables oficiales.

La entrega de los contratos, las facturas y los expedientes internos podría permitir al magistrado contrastar la versión de la formación con los indicios recopilados por la Guardia Civil.

La posible financiación irregular del PSOE, otra línea de investigación

Las diferencias contables detectadas han situado el foco sobre la posibilidad de que existieran movimientos económicos que no quedaron reflejados en la documentación oficial del partido. No obstante, la existencia de una contabilidad paralela y la eventual responsabilidad penal de la formación deberán acreditarse mediante las diligencias correspondientes.

Según la información publicada, la Fiscalía Anticorrupción considera que todavía no existen elementos suficientes para acreditar de manera concluyente una contabilidad paralela que hubiera proporcionado un beneficio directo al PSOE. Esta circunstancia ha influido, por el momento, en la situación procesal de la formación como persona jurídica.

Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza separada y secreta centrada en la presunta financiación irregular del partido. En ella cobra relevancia la información aportada por el empresario Víctor de Aldama, que ha vuelto a declarar en relación con esta línea de investigación.

El objetivo de los investigadores es reconstruir el recorrido del dinero, verificar la autenticidad de los documentos y esclarecer si los pagos examinados respondían a servicios reales o encubrían otras operaciones.

La respuesta del PSOE al requerimiento judicial y la documentación que finalmente aporte serán elementos importantes para el desarrollo de la causa. Mientras tanto, la UCO continúa analizando los movimientos económicos y las posibles discrepancias contables con el propósito de determinar el alcance de las presuntas irregularidades.