Un juzgado de Madrid ha abierto causa por un presunto delito de prevaricación en torno a la instrucción que ampliaba los supuestos para acogerse a la Ley de Nietos. El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha decidido admitir a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por presunta prevaricación, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y lo ha hecho desoyendo a la Fiscalía, que se había opuesto, según adelanta El Confidencial.
La jueza descarta el criterio de la Fiscalía
El auto, al que ha tenido acceso ese medio, está firmado por la jueza Inmaculada Lova Ruiz. Su razonamiento es que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa" cuya instrucción corresponde a ese órgano judicial. Añade que no están determinadas ni la naturaleza y circunstancias de los hechos ni las personas que intervinieron en ellos, por lo que procede instruir Diligencias Previas y practicar las actuaciones esenciales para aclararlo.
En la parte dispositiva, el juzgado acuerda admitir a trámite la querella de Hazte Oír y las cuatro ampliaciones presentadas posteriormente. También tiene a la asociación por personada en la causa contra Sofía Puente Santiago, aunque con una condición previa: deberá presentar una fianza de 1.000 euros.
Todavía no figura como investigada
Conviene precisar el alcance de la decisión. Según la información publicada, la hermana del ministro todavía no figura como investigada. De momento, el juzgado solo ha abierto la causa y ha pedido información a otros juzgados, porque no es la primera vez que se emprenden acciones legales contra Sofía Puente por hechos similares.
Ese precedente era precisamente uno de los argumentos de la Fiscalía Provincial de Madrid para oponerse. El ministerio público sostenía que otro juzgado ya había estudiado estos hechos y había dictado el archivo, por lo que, a su juicio, se trataba de "cosa juzgada". La jueza, en cambio, ha preferido abrir diligencias y comprobar antes qué ocurrió con esas otras actuaciones.
Qué reprocha Hazte Oír a la instrucción
La querella se dirige contra la instrucción que elaboró Sofía Puente cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Fue la medida por la que se amplió el margen para acogerse a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados por el franquismo, que se extendió hasta 1955.
Hazte Oír defiende que Sofía Puente, presuntamente, no tenía competencias para impulsar un cambio así en la Ley de Memoria Democrática en 2022. Alega, además, que la instrucción presuntamente iba en contra del espíritu de la norma y que contradecía lo pactado expresamente en el Congreso de los Diputados. La asociación aprecia en todo ello un presunto delito de prevaricación. Es una presunta irregularidad denunciada por la parte querellante, no una conclusión judicial, y Sofía Puente goza de presunción de inocencia: el auto solo admite a trámite la querella y ordena investigar.
El Supremo ya suspendió el voto de los nuevos españoles
La decisión llega en plena polémica por los efectos de la norma. Las dudas sobre si muchos de los nuevos españoles eran realmente descendientes de represaliados han llevado al Tribunal Supremo a suspender su derecho al voto. Como recuerda El Confidencial, la Guerra Civil se extendió entre 1936 y 1939 y la dictadura franquista llegó hasta 1975, pero ampliar la norma hasta 1955 abrió la duda de si buena parte de los nacionalizados salió de España por razones políticas o por motivos económicos.
LaBandera ha seguido de cerca este asunto. Ya informó de cómo el Supremo frenó las altas electorales de la ley de nietos a instancias de Vox, de que Vox intensificó su ofensiva judicial ampliando la querella contra Sofía Puente y de la maniobra de la Fiscalía en el Supremo para blindar a Sofía Puente.
Qué ocurre a partir de ahora
El siguiente paso es que Hazte Oír deposite la fianza de 1.000 euros para quedar personada y que el juzgado reciba la información de los otros procedimientos relacionados. Con esos datos, la jueza podrá decidir si hay base para señalar a alguna persona concreta como investigada y, en su caso, qué procedimiento corresponde. Hasta entonces, la causa se mantiene en fase inicial, sin imputaciones.
Aun así, la admisión a trámite supone un revés para el criterio de la Fiscalía y deja abierta en un juzgado de Madrid una vía penal sobre la presunta prevaricación en la instrucción que sirvió de base para ampliar la nacionalidad a miles de personas, en el mismo momento en que el Supremo mantiene congelado el voto de los nuevos nacionalizados.
