Quince años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, la aparición de nuevos indicios relacionados con el entorno radical abertzale vuelve a encender las alarmas. Una investigación publicada en exclusiva por The Objective revela que los dos detenidos en Guipúzcoa por presuntos delitos de terrorismo tenían en su poder información especialmente sensible sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de documentación vinculada a la antigua organización terrorista.

Los hechos, que se remontan al control policial realizado el 26 de septiembre en Escoriaza, dibujan un escenario preocupante. En la mochila intervenida a Aratz Bilbao, los agentes de la Ertzaintza encontraron el contenido íntegro del teléfono móvil de un agente de la Policía Nacional, información sobre un posible zulo, datos de integrantes de otros cuerpos policiales y decenas de anotaciones manuscritas con matrículas de vehículos.

El material intervenido incluía también dispositivos encriptados, fotografías de entrenamientos para la perpetración de actos violentos, imágenes con banderas de ETA y documentos relacionados con la organización abertzale Jardun. En el vehículo, los agentes localizaron planos de antiguos escondites de la banda terrorista y listados de guardias civiles.

Según la información publicada por The Objective, los detenidos españoles tenían órdenes de control discreto por motivos de seguridad nacional emitidas por Francia e Italia. El tercer ocupante, un ciudadano irlandés que viajaba sin teléfono ni documentación identificativa, también figuraba en los registros de las autoridades francesas.

La Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional a los dos investigados. La existencia de este material constituye un motivo de preocupación, aunque será la investigación judicial la que determine el alcance de los hechos, las responsabilidades individuales y si existía un proyecto concreto para cometer atentados.

853 asesinatos y más de 300 crímenes pendientes

La alarma llega en una fecha especialmente simbólica. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el final de su actividad armada. La organización se disolvió formalmente en 2018, pero el cierre de sus estructuras no ha supuesto el esclarecimiento de todos sus crímenes.

El balance histórico de la banda asciende a 853 personas asesinadas. Según las estimaciones de las asociaciones de víctimas recogidas por The Objective, 379 asesinatos continúan sin una sentencia firme que identifique a todos sus autores materiales o intelectuales.

Detrás de esas cifras hay familias que todavía desconocen quién mató a sus seres queridos, quién dio las órdenes o qué miembros de la organización participaron en los atentados. En numerosos casos, además, el transcurso del tiempo ha complicado las investigaciones y ha provocado que determinadas responsabilidades penales prescriban.

La impunidad de esos asesinatos constituye una de las principales reivindicaciones de las víctimas del terrorismo. No reclaman venganza, sino verdad, justicia y colaboración efectiva de quienes conocen información que podría permitir esclarecer los crímenes.

Los asesinos de ETA que han salido de prisión o disfrutan de semilibertad

La política penitenciaria es otro de los focos de controversia. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, se han multiplicado las progresiones de grado y las medidas que permiten a condenados por terrorismo salir de prisión durante parte del día o acceder a regímenes más flexibles.

Entre los casos que han suscitado mayor polémica figuran los siguientes:

• Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', antiguo jefe del aparato militar de ETA, ha recibido medidas de flexibilización penitenciaria que le permiten salir de prisión para determinadas actividades, pese a sus numerosas condenas.
• Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de la organización, obtuvo el tercer grado en septiembre de 2026, una decisión que provocó críticas de las víctimas y actuaciones de la Fiscalía.
• Juan Antonio Olarra Guridi, antiguo dirigente de ETA, ha sido objeto de decisiones sobre su progresión penitenciaria y semilibertad que han encontrado oposición de la Fiscalía.
• Natividad Jáuregui, vinculada a ETA y sospechosa de participar en el asesinato del teniente coronel de la Guardia Civil Ramón Romeo en 1981, fue puesta en libertad en 2023 con medidas cautelares. El Tribunal Supremo ha ordenado reabrir la causa contra ella en octubre de 2026.

Estos casos no significan que todos se encuentren en libertad plena: el tercer grado, la libertad condicional y las modalidades de semilibertad son situaciones penitenciarias distintas. Sin embargo, reflejan la controversia sobre la aplicación de beneficios a condenados por delitos de sangre, especialmente cuando quedan crímenes pendientes de esclarecer.

Las asociaciones de víctimas de ETA cuestionan que se concedan beneficios sin exigir, en todos los casos, una colaboración efectiva para aclarar atentados pendientes. También denuncian que el acercamiento a las cárceles vascas y el fin de la dispersión han ido acompañados de una flexibilización penitenciaria que consideran excesiva.

Sánchez depende de Bildu mientras las víctimas reclaman justicia

El debate sobre ETA tiene una dimensión que va más allá de las cárceles. Pedro Sánchez ha convertido los acuerdos con EH Bildu en una de las piezas de su estrategia parlamentaria. El PSOE ha negociado y pactado con la formación abertzale para sacar adelante iniciativas y garantizar apoyos fundamentales para su continuidad política.

Esta dependencia política alimenta las críticas de quienes consideran inaceptable que el Gobierno necesite los votos de una formación cuyo pasado está ligado al entorno político de la banda terrorista, mientras cientos de asesinatos siguen sin esclarecerse y algunos condenados disfrutan de beneficios penitenciarios.

EH Bildu es una formación legal que participa en las instituciones democráticas, pero esa realidad no elimina el debate sobre su relación histórica con la izquierda abertzale, la memoria de las víctimas y la exigencia de una condena inequívoca de los crímenes de ETA.

La polémica se agrava cuando las víctimas observan cómo antiguos dirigentes de ETA y condenados por terrorismo recuperan progresivamente la libertad mientras persisten las incógnitas sobre asesinatos que marcaron la historia reciente de España.

Quince años después, las alertas siguen encendidas

Las detenciones de Guipúzcoa no demuestran por sí solas que ETA haya reanudado su actividad como organización terrorista. Sí justifican que los investigadores examinen con rigor la información policial intervenida, los planos de antiguos zulos, las fotografías de posibles objetivos y los dispositivos encriptados.

La cuestión es si se trata de actuaciones aisladas de sectores radicales o de indicios de una estructura organizada con capacidad para desarrollar acciones violentas. Esa respuesta deberá proceder de las pesquisas policiales y judiciales, no de especulaciones políticas.

Quince años después del anuncio del fin de la violencia, España tiene todavía una deuda con las víctimas: esclarecer los asesinatos pendientes, evitar la exaltación del terrorismo y garantizar que los beneficios penitenciarios se ajusten a la ley.

Mientras tanto, los pactos del PSOE de Sánchez con EH Bildu mantienen abierta una controversia política de enorme calado. Para las víctimas, el final de ETA no puede consistir únicamente en que la banda deje de matar: también exige verdad, memoria, justicia y que ningún acuerdo parlamentario termine relegando esas obligaciones.