El cerco judicial sobre el PSOE se estrecha. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concedido al partido de Pedro Sánchez un plazo de 48 horas para entregar la relación completa de los despachos de abogados, letrados y consultoras contratados entre 2021 y 2025, después de que la formación socialista no atendiera el requerimiento que el magistrado había formulado el pasado 6 de octubre.

La decisión, adelantada por The Objective, supone un nuevo episodio de presión judicial sobre las cuentas y los procedimientos internos del partido que dirige el presidente del Gobierno. Pedraz reclama tanto la identificación de los profesionales contratados por los distintos órganos socialistas, centrales y territoriales, como la documentación que justificó esas contrataciones.

En concreto, el magistrado exige las notas de encargo profesional, los contratos y los expedientes que permitieron autorizar los servicios. El objetivo es comprobar qué trabajos se encargaron, en qué condiciones se formalizaron y qué documentación respaldaba las relaciones profesionales.

El nuevo plazo llega después de que el primer requerimiento no fuera atendido. El PSOE deberá ahora responder en el tiempo fijado por el juez, respetando las limitaciones legales relacionadas con el secreto profesional y el derecho a no aportar información que pueda incriminar a la propia formación.

La UCO puso el foco en Leire Díez y Santos Cerdán

La investigación adquiere especial relevancia por las conclusiones recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actuación de Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE.

Según el informe policial citado por The Objective, Fuentes habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán, de falsear presuntamente dos notas de encargo profesional.

Una de ellas estaría relacionada con un despacho vinculado a Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos. La otra se referiría a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, también investigado en la causa.

La UCO sostiene que esos documentos habrían sido suscritos de forma instrumental para simular una relación profesional entre las partes y permitir pagos a ambos abogados.

Estas conclusiones policiales constituyen uno de los elementos que explican el interés judicial por revisar la documentación de las contrataciones. Corresponde, no obstante, a los tribunales determinar si existieron irregularidades delictivas y quiénes serían responsables de ellas. La investigación sitúa así bajo examen unas relaciones profesionales que, según los indicios recogidos por los investigadores, podrían haber servido para justificar pagos mediante documentación presuntamente irregular.

Pedraz quiere comprobar qué servicios se contrataron

El requerimiento judicial no se limita a pedir una lista de nombres. El magistrado también reclama los expedientes y documentos que permitan comprobar los servicios que debían prestar los profesionales contratados.

La diferencia es importante: identificar a un abogado o a un despacho no demuestra ninguna irregularidad. Lo que la investigación pretende esclarecer es si las contrataciones respondían a trabajos reales y debidamente documentados o si, por el contrario, se utilizaron documentos para dar apariencia de legalidad a operaciones que no se correspondían con los servicios declarados.

La exigencia abarca los órganos centrales y territoriales del PSOE durante un periodo de cuatro años, entre 2021 y 2025. Se trata, por tanto, de una petición documental amplia que permitirá al juez examinar las relaciones profesionales de la organización durante ese intervalo.

Pedraz ya había reclamado esta información después de la declaración como investigada de la gerente socialista. Ahora, tras la falta de respuesta al primer requerimiento, ha fijado un plazo concreto para que el partido aporte los documentos solicitados.

Más presión judicial sobre el partido de Sánchez

El nuevo movimiento judicial llega en un momento delicado para el PSOE, marcado por las investigaciones relacionadas con Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez.

La petición de Pedraz no significa que todas las contrataciones del partido estén bajo sospecha ni que se haya demostrado que los pagos investigados fueran ilegales. Sin embargo, la necesidad de reclamar nuevamente la documentación y establecer un plazo de 48 horas añade presión sobre la organización socialista.

El partido deberá aportar los datos requeridos o explicar, dentro del marco legal, qué información no puede facilitar y por qué. El secreto profesional puede proteger determinadas comunicaciones entre abogado y cliente, pero no constituye una exención general frente a cualquier requerimiento judicial.

La documentación solicitada puede resultar decisiva para aclarar si las notas de encargo cuestionadas por la UCO reflejaban servicios efectivamente prestados o si fueron utilizadas para simular relaciones profesionales y justificar pagos.

El PSOE tiene ahora 48 horas para responder a Pedraz. La investigación deberá determinar qué ocurrió con los contratos, qué servicios se prestaron realmente y si hubo responsables de posibles irregularidades. Mientras tanto, el partido de Sánchez vuelve a tener que dar explicaciones ante la Justicia en un caso que mantiene bajo escrutinio sus procedimientos internos y sus relaciones con determinados despachos de abogados.