Una juez ha admitido a trámite la demanda presentada por Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor. La vicepresidenta segunda del Gobierno dispone de veinte días hábiles para responder al escrito, mientras que el Ministerio Fiscal deberá intervenir en el procedimiento, cuya tramitación tendrá carácter preferente.

La resolución judicial, firmada por la letrada de la Administración de Justicia Carmen Várez, ha sido dictada por la Plaza número 33, bajo la dirección de la magistrada María Teresa de la Asunción, en Madrid.

El procedimiento se tramitará conforme a las reglas del juicio ordinario y aborda una posible vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del cantante.

Según el decreto, la demanda cumple los requisitos procesales necesarios para su admisión. Asimismo, el juzgado considera que cuenta con jurisdicción y competencia objetiva para examinar el asunto.

Yolanda Díaz tiene veinte días hábiles para responder a la demanda

Tras la admisión a trámite de la demanda de Julio Iglesias, Yolanda Díaz deberá comparecer ante el juzgado y presentar su contestación dentro del plazo de veinte días hábiles.

La notificación se realizará en el domicilio indicado por la parte demandante. La resolución advierte de que, si la vicepresidenta no comparece dentro del plazo establecido, podría ser declarada en situación de rebeldía procesal.

Para intervenir en el procedimiento, deberá contar con la representación de un procurador y la asistencia de un abogado. El decreto también contempla la posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita para quienes cumplan los requisitos legales.

Al tratarse de un procedimiento relacionado con la protección de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal participará en el proceso y la causa tendrá carácter preferente. La resolución puede recurrirse mediante un recurso de reposición en el plazo de cinco días, previo depósito de 25 euros, aunque la presentación del recurso no suspende sus efectos.

Julio Iglesias reclama 50.000 euros a Yolanda Díaz

El cantante solicita una indemnización de 50.000 euros por unas declaraciones de Yolanda Díaz difundidas en la red social Bluesky y en el programa La Hora de la 1, de RTVE.

Además de la compensación económica, Julio Iglesias pide que la vicepresidenta se retracte públicamente de sus palabras, al considerar que perjudicaron su reputación y su imagen pública.

La controversia comenzó el 13 de enero, cuando Díaz compartió en Bluesky una información relacionada con las acusaciones formuladas por dos antiguas trabajadoras del artista. Al día siguiente, la vicepresidenta participó en un programa de televisión en el que también se abordó la denuncia presentada por ambas mujeres.

Según argumenta la defensa del cantante, las declaraciones de Díaz le atribuyeron conductas relacionadas con presuntos abusos sexuales, explotación laboral y vulneraciones de derechos fundamentales. El escrito sostiene que estas manifestaciones dañaron su honor y cuestiona la actuación de la vicepresidenta en su condición de alto cargo del Estado.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expuestos por la representación legal de Iglesias y deberán valorarse en el correspondiente procedimiento judicial.

El Tribunal Supremo rechazó inicialmente la demanda

La admisión a trámite en Madrid llega después de que Julio Iglesias intentara previamente resolver el conflicto mediante un acto de conciliación. Yolanda Díaz rechazó esa vía al considerar que sus declaraciones no habían perjudicado la reputación del cantante.

Tras no prosperar ese intento, Iglesias acudió al Tribunal Supremo por la vía civil, teniendo en cuenta la condición de aforada de la vicepresidenta.

Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, la Sala de lo Civil del alto tribunal inadmitió la demanda al entender que el asunto debía ser examinado por las secciones civiles de los tribunales de instancia.

Esta decisión llevó el procedimiento a los juzgados de Madrid, donde la demanda ha sido finalmente admitida a trámite. La resolución actual no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino el inicio de su tramitación judicial.

La controversia judicial de Julio Iglesias continúa abierta

El litigio con Yolanda Díaz se suma a otros procedimientos relacionados con las acusaciones formuladas por dos antiguas trabajadoras del cantante.

Ambas denunciaron a Julio Iglesias por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía archivó inicialmente la denuncia al apreciar falta de jurisdicción de los tribunales españoles.

Posteriormente, las dos exempleadas presentaron una querella ante un juzgado de la Audiencia Nacional, una iniciativa sobre la que, según la información publicada, la Fiscalía ha mostrado su apoyo a la apertura de una investigación.

Por otra parte, Julio Iglesias también ha presentado ante los juzgados de Madrid una querella por presuntas injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de elDiario.es, entre ellos su director, Ignacio Escolar. Este medio fue el que publicó la información sobre la denuncia de las antiguas trabajadoras.

Estos procedimientos se desarrollan por vías judiciales diferentes y responden a hechos y pretensiones distintos.

La demanda contra Yolanda Díaz inicia su recorrido judicial

Con la admisión a trámite de la demanda, Yolanda Díaz deberá responder a las pretensiones de Julio Iglesias dentro del plazo fijado por el juzgado.

El cantante reclama 50.000 euros y una rectificación pública por unas declaraciones que considera perjudiciales para su honor. La vicepresidenta, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos en el procedimiento.

La decisión judicial abre una nueva fase en el enfrentamiento entre ambos, aunque todavía no determina si existió una vulneración del derecho al honor ni si procede la indemnización solicitada por el artista.

El desarrollo del juicio permitirá examinar las declaraciones cuestionadas y los argumentos de ambas partes antes de que se dicte una resolución sobre el fondo de la controversia.