La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, dirigida por VOX, ha introducido un nuevo requisito en su convocatoria de subvenciones para la preproducción, producción y distribución de largometrajes y pilotos de series: vetar aquellas producciones que “impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas”.
La medida, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 9 de octubre, establece que los beneficiarios de estas ayudas deberán desarrollar sus actividades “con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general”. No obstante, la normativa no especifica los baremos o criterios técnicos concretos que se emplearán para determinar si una obra audiovisual incurre en dicho adoctrinamiento.
Requisitos y reducción de anticipos
Junto a esta nueva condición ideológica, la Orden modifica las condiciones económicas de las ayudas. Por un lado, el anticipo de la subvención se reduce del 25% al 20%.
Las ayudas públicas seguirán sin poder superar el 50% del presupuesto total de la pieza audiovisual —con un tope máximo de 60.000 euros por proyecto—, mientras que la productora responsable deberá aportar un mínimo del 10% de financiación propia. En 2025, esta línea de financiación apoyó a una decena de proyectos de ficción y documentales con temáticas históricas, culturales y medioambientales.
Cambio de rumbo en la política cultural
Desde su llegada al cargo, el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, ha sostenido que la gestión cultural en la comunidad autónoma había estado “ideologizada” por la “progresía”. Este movimiento se suma a otros cambios recientes impulsados por Vox en el área, como la designación de perfiles políticos al frente de organismos clave como la Fundación Siglo, o las críticas sindicales vertidas el pasado verano por presunta “injerencia política” en la gestión de las redes sociales institucionales de los centros culturales.
