El alcalde de Lleida que firmó la condonación de 281.783 euros a la empresa de la pareja de Montse Mínguez acabó siendo embajador de España en Andorra. Según informa The Objective, Ángel Ros fue designado para el cargo por un real decreto del 3 de agosto de 2018, firmado por Felipe VI y por el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, tras deliberación del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.
De alcalde a embajador sin pertenecer a la carrera diplomática
Ros fue concejal de Lleida desde 2003 y alcalde desde enero de 2004. Fue diputado en el Congreso entre 2012 y 2014 y presidió el PSC desde julio de 2014 hasta diciembre de 2019. Según el artículo, no formaba parte del cuerpo diplomático. Ejerció como embajador durante cuatro años y medio, hasta que solicitó la jubilación y fue cesado por José Manuel Albares en febrero de 2023. En su mandato tuvo lugar la primera visita de Estado de los Reyes a Andorra.
Su nombramiento, por tanto, no responde a una trayectoria diplomática, sino a una designación política legalmente posible. Lo que revive ahora la información es el vínculo con el caso que afecta a Mínguez, que acaba de renunciar como portavoz del PSOE.
El decreto que perdonó 281.783 euros
El Ayuntamiento de Lleida perdonó 281.783 euros a Adaix de Negocios, la empresa de Sergi Vélez, pareja de Mínguez, que explotó durante cinco años la discoteca Larida. Según el artículo, Ros firmó un decreto el 11 de junio que dispensaba a la empresa de derribar un edificio y la eximía de pagar esa cantidad, entre la reducción del canon y la garantía adicional. La entradilla del medio habla de julio de 2014, mientras que el cuerpo del texto sitúa la condonación en junio de ese año.
Adaix debía un canon anual de 240.000 euros y una garantía adicional de 161.655 euros, y solo pagó parcialmente. En junio de 2014 Mínguez era segunda teniente de alcalde y responsable de Economía; tras la salida de la teniente de alcalde Marta Camps fue ascendida a primera teniente de alcalde. La Fiscalía Anticorrupción investigó la operación y la archivó, de modo que ningún tribunal ha declarado irregularidad alguna. LaBandera ya contó cómo la nueva portavoz del PSOE perdonó la deuda de la empresa de su pareja cuando fue edil en Lérida.
Las denuncias de Marta Camps
Camps, destituida como teniente de alcalde, denunció gastos injustificados en telefonía móvil, sueldos no justificados de cargos electos y mal uso de fondos públicos. Señaló dietas de Ros de 1.500 euros por un viaje a China y de 16.952 euros por Hannover, regalos institucionales por 36.000 euros en fulares y corbatas, y caterings por más de 63.000 euros solo en 2014.
La Fiscalía Anticorrupción archivó esas denuncias al año siguiente. Ros demandó a Camps por injurias y calumnias, y la Audiencia Provincial de Lleida sobreseyó el caso. El PSOE atribuyó entonces las acusaciones de Camps a que ella "supo que no iba a repetir en las listas electorales". Son versiones enfrentadas que ningún tribunal ha zanjado a favor de las denuncias.
La empresa y la concesión de la discoteca
Adaix de Negocios se constituyó el 14 de enero de 2009 y la concesión municipal se otorgó en mayo de ese año por tres años, con dos prórrogas posibles de un año. Vélez dejó de ser administrador único el 1 de abril de 2009 y regresó como apoderado el 10 de agosto del mismo año.
Según el artículo, Vélez tiene unas 30 viviendas en alquiler, sociedades vinculadas a Panamá y promociones de chalés de lujo, una de las cuales fue paralizada por el Ayuntamiento de Palafrugell por iniciar obras sin autorización. LaBandera ya publicó que Montse Mínguez aprobó un cambio urbanístico en Lérida donde su pareja construyó 35 pisos de lujo.
Mínguez dimite, pero no habla de la deuda
Mínguez anunció en redes sociales su dimisión como portavoz del PSOE y de la secretaría de Estudios y Programas, y renunció a encabezar la lista al Congreso por Lleida. El artículo no recoge declaraciones suyas sobre la deuda condonada. Tampoco constan respuestas de Ros, de Vélez, de Adaix ni del Gobierno sobre el nombramiento como embajador.
Conviene recordar que nada de lo expuesto acredita una ilegalidad, y que el nombramiento de un embajador político es una facultad del Gobierno. La pregunta que queda abierta es política: por qué el Ejecutivo eligió para una embajada a un dirigente socialista cuya gestión municipal había sido cuestionada. LaBandera seguirá el caso.
