El Gobierno de Pedro Sánchez concedió la nacionalidad española el 14 de mayo de 2025 a un mexicano de 93 años que invocaba como ascendiente español a su bisabuelo. Según fuentes consulares citadas por The Objective, la concesión respondió a una orden directa del embajador Juan Duarte, y en el expediente un trabajador del consulado dejó un pósit con una advertencia: "¡Ojo no le corresponde! Cancelar próximamente".
Un bisabuelo nacido en 1821
El solicitante nació en México en 1933, igual que sus padres, nacidos en 1902 y 1905, y su abuelo paterno, en 1857. Como ascendiente español señaló a su bisabuelo, que según su declaración nació en Burgos en 1821 y murió en México en 1889. Obtuvo la ciudadanía por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, que, según la información, no menciona a los bisnietos.
Como prueba, aportó una partida bautismal de 1862 de un niño, presuntamente hermano de su abuelo, en la que el padre figura como "natural de España". Con ese documento, según el relato, bastó para tramitar una nacionalidad que la ley no contempla expresamente para su caso.
La orden del embajador y la denuncia
Según las fuentes consulares, al trabajador que advirtió del problema se le indicó que la concesión era "una orden del embajador". Esas mismas fuentes afirman que un policía denunció a Duarte por presunto acoso laboral. Según la última información conocida por el trabajador, la nacionalidad sigue vigente. El medio citado no obtuvo respuesta del embajador.
Hay que subrayar que se trata de testimonios anónimos y de una información no confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aun así, el caso describe un posible mecanismo de actuación que habría burlado los controles ordinarios del consulado.
La instrucción de Sofía Puente
La información recuerda la instrucción del 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente. Según el relato, esa instrucción incorporó una interpretación posterior a la aprobación de la ley por las Cortes: distinguía a los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles y establecía una presunción de exilio para quienes salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La presunción, subraya el texto, no explica este caso concreto, porque el bisabuelo murió en 1889. Es decir, ni siquiera con la interpretación más generosa del Gobierno encajaría el expediente.
Otro expediente: seis semanas antes de las elecciones de 2023
Se describe un segundo caso, el de un hombre nacido en Ciudad de México en 1944 que obtuvo la nacionalidad el 9 de junio de 2023, unas seis semanas antes de las elecciones generales del 23 de julio de ese año. Según mensajes internos del consulado, era considerado "un alto cargo" y tenía amistad con el cónsul general, lo que habría supuesto un trato especial. El expediente no contenía certificados de nacimiento suficientes del ascendiente español invocado y solo aportó el certificado de matrimonio de sus padres.
Millones de solicitudes, 163.000 en el censo
El contexto es el del voto de los nacionalizados. Según el Gobierno ante el Tribunal Supremo, se presentaron unas 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad en consulados desde la entrada en vigor de la ley, y el Ejecutivo identificó unas 163.000 personas nacionalizadas en el contexto de las medidas judiciales sobre el derecho de voto. Fuentes consulares calificaron esa cifra de "absolutamente ridícula" y afirmaron que más del 90% de las nacionalizaciones en México se acogieron a los criterios de la instrucción.
El Supremo suspendió cautelarmente los efectos de la directriz de Sofía Puente, aunque no la tramitación de los expedientes. Moncloa, por su parte, activó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, exministro del PSOE, para presentar un recurso de amparo ante el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Un patrón que ya se había denunciado
LaBandera ya informó de cómo Sánchez nacionaliza a mexicanos con padres nacidos en México antes de 1920 sin reunir los requisitos de la ley de nietos y de las denuncias contra cónsules españoles en cuatro países por presuntas irregularidades. El nuevo caso añade un elemento: la supuesta intervención directa de un embajador.
Con las elecciones del 29-N a la vista, el debate sobre el censo de nacionalizados seguirá en el centro de la campaña. LaBandera recogerá cualquier explicación de Exteriores o del propio embajador.
