La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado aplicar la Ley de Amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La decisión liquida las penas de inhabilitación que pesaban sobre ellos —que en el caso de Junqueras se extendían hasta 2031—, por lo que todos ellos quedan plenamente capacitados para volver a presentarse como candidatos a cualquier cita electoral.
La resolución, firmada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena y Antonio del Moral, supone la acatación forzosa del dictamen del Tribunal Constitucional (TC), que anteriormente había anulado la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación del procés. Sin embargo, el alto tribunal ha acompañado la medida de un duro reproche formal contra la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido.
Acusaciones de injerencia jurisdiccional
En su auto, el Supremo denuncia que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones suplantando al tribunal ordinario como máximo intérprete de la legalidad. Para la Sala Penal, los argumentos empleados por la mayoría progresista del TC —que tildaron la postura inicial del Supremo de "impredecible" o ajena a la "lógica"— responden a un intento de enmascarar su intromisión.
"La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia", señala de forma tajante la resolución.
Rectificación y tramitación de antecedentes
Con este paso, el alto tribunal rectifica su criterio previo, que sostenía que la malversación del 1-O conllevaba un enriquecimiento personal de naturaleza patrimonial y que, por tanto, quedaba excluida de la medida de gracia.
A pesar del profundo desacuerdo expresado sobre el fondo y las formas, el Supremo asume el fallo definitivo y traslada al Ministerio de Justicia la gestión para la cancelación formal de los antecedentes penales, trámite del que también se beneficiarán otros exaltos cargos condenados como Josep Rull, Carme Forcadell, Joaquín Forn y Meritxell Borràs.
