El Gobierno de Ceuta ha decidido acudir al Tribunal Supremo para denunciar la inactividad de la Administración General del Estado en la gestión de los expedientes de los inmigrantes que accedieron masivamente a la ciudad autónoma a finales de julio. El Ejecutivo presidido por Juan Vivas ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante la falta de respuestas y de medios suficientes para tramitar los procedimientos de expulsión, devolución y protección internacional.
La decisión llega después de que el Gobierno ceutí reclamara formalmente al Estado que actuase y resolviera los expedientes pendientes. El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno acordó presentar un requerimiento previo a la Administración General del Estado, registrado dos días después, para que dictara y notificara las resoluciones correspondientes en el plazo de un mes.
Sin embargo, según la información facilitada por el Ejecutivo local, el plazo transcurrió sin una contestación que despejara las principales dudas planteadas. Aunque este lunes se recibió documentación del Ministerio de Política Territorial, el Gobierno ceutí considera que no responde a las cuestiones fundamentales sobre la tramitación de los expedientes y la suficiencia de los recursos destinados a la ciudad.
Casi tres meses después, sin una solución definitiva
El recurso se centra en la presunta falta de asignación y despliegue de los medios humanos y materiales necesarios para tramitar dentro de los plazos legales los procedimientos relativos a los inmigrantes adultos que permanecen en Ceuta tras las entradas de los días 30 y 31 de julio.
El presidente de la Ciudad ya había advertido de que la situación se ha «cronificado» y de que Ceuta continúa muy lejos de recuperar la normalidad. Vivas también ha expresado su preocupación por la falta de información precisa sobre el número de personas que cruzaron la frontera y cuántas continúan en territorio ceutí.
El Ejecutivo local sostiene que los regresos producidos hasta ahora se han realizado de manera voluntaria o mediante expulsiones, sin que se haya materializado una solución general que permita cerrar la crisis derivada de aquellas entradas masivas.
La vía judicial, último recurso del Gobierno ceutí
El Gobierno de Ceuta considera que la ausencia de respuestas satisfactorias le ha dejado sin alternativa a la vía judicial. La decisión supone trasladar al Supremo el conflicto con la Administración central sobre la gestión de los expedientes y los recursos necesarios para resolverlos.
La iniciativa abre un nuevo frente institucional entre Ceuta y el Estado en torno a las consecuencias de la crisis migratoria del verano. Mientras el Ejecutivo local reclama actuaciones concretas y una respuesta administrativa dentro de los plazos legales, queda pendiente conocer el recorrido del recurso y las medidas que pueda adoptar la Administración General del Estado para desbloquear la situación.
