Una serie de documentos, registros informáticos y comunicaciones internas ha puesto bajo el foco la gestión de la conocida como ley de nietos en el Consulado General de España en México. Según una investigación publicada por THE OBJECTIVE, responsables de esta oficina consular habrían ordenado alterar las fechas de recepción de determinados expedientes para admitir solicitudes presentadas después de que venciera el plazo establecido por el Gobierno.
La información, basada en documentación examinada por el medio y en testimonios de trabajadores consulares, señala que la supuesta modificación de fechas habría afectado a cientos de personas interesadas en obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.
El objetivo de esta práctica habría sido dar curso a expedientes cuyas citas se celebraron después de la fecha límite, haciendo constar en los documentos oficiales una fecha anterior a la entrega efectiva de la solicitud.
La Ley de Memoria Democrática fijó el 22 de octubre de 2025 como fecha límite
El origen de la polémica se encuentra en el calendario de aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. Esta normativa permitió que determinados descendientes de españoles solicitaran la nacionalidad española bajo unas condiciones específicas.
El plazo para presentar nuevas solicitudes quedó fijado en el 22 de octubre de 2025, después de que el Gobierno aprobara una ampliación de un año respecto a la fecha inicialmente prevista.
Sin embargo, según fuentes consulares citadas por THE OBJECTIVE, el Consulado General de España en México acumulaba numerosos casos de personas que habían solicitado una cita previa, pero que no habían conseguido ser atendidas antes del vencimiento del plazo.
En lugar de limitar la apertura de expedientes a las solicitudes formalizadas dentro del periodo establecido, la jefatura consular habría optado por permitir la atención posterior de algunos interesados y registrar sus documentos con fecha del 22 de octubre de 2025.
De acuerdo con la investigación, esta fórmula habría permitido continuar con la tramitación de expedientes que, en la práctica, se presentaron después de la fecha límite.
La cónsul adjunta habría ordenado modificar las fechas de los expedientes
La investigación identifica a María Prada, cónsul adjunta del Consulado General de España en México, como la persona que presuntamente transmitió las instrucciones al personal encargado de revisar las solicitudes de nacionalidad.
Según los testimonios recogidos y la documentación analizada por el periódico, la directriz consistía en modificar manualmente las fechas de recepción de los documentos presentados fuera de plazo.
Así, quienes acudían a las dependencias consulares después del 22 de octubre de 2025 podían ver registrada su solicitud con la fecha límite establecida por la normativa, aunque la entrega se hubiera producido posteriormente.
Uno de los ejemplos mencionados en la información corresponde a citas celebradas el 28 de octubre de 2025. Según los documentos publicados, algunos expedientes vinculados a estas citas habrían acabado incorporando el 22 de octubre como fecha oficial de presentación.
La investigación también describe un procedimiento específico para las solicitudes que debían enviarse a otros consulados. En estos casos, los trabajadores habrían recibido instrucciones de sustituir los anexos que contenían correcciones por formularios nuevos, cumplimentados con la fecha del 22 de octubre.
De esta manera, según las fuentes citadas, se habría evitado que las tachaduras o modificaciones visibles permitieran detectar la fecha real de entrega de la documentación.
Consultada por THE OBJECTIVE, María Prada declinó realizar declaraciones sobre estas informaciones.
Los correos electrónicos y los registros internos, en el centro de la investigación
Entre los materiales examinados figuran hojas de cálculo con citas asignadas después del vencimiento del plazo, correos electrónicos enviados a los solicitantes y documentos incorporados a los expedientes administrativos.
Según la investigación, algunos mensajes acreditan que las citas se concedieron para fechas posteriores al 22 de octubre de 2025, mientras que determinados formularios oficiales reflejarían esa fecha como momento de recepción de la solicitud.
La posible discrepancia entre ambos registros constituye uno de los elementos centrales de las acusaciones sobre la gestión de la nacionalidad española en México.
Los documentos administrativos relacionados con estos procedimientos se encuentran vinculados a la tramitación consular y a los organismos españoles competentes en materia de nacionalidad, entre ellos los ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia.
La cuestión principal es si existía una base jurídica que permitiera tramitar las solicitudes de quienes habían pedido cita dentro del plazo, pero no habían podido presentar formalmente la documentación antes de su vencimiento. Según las fuentes jurídicas consultadas por el medio, esa circunstancia no justificaría alterar las fechas de los documentos oficiales.
¿Podría existir un delito de falsedad documental?
Las posibles consecuencias legales de los hechos descritos constituyen otro de los aspectos relevantes de la investigación.
Fuentes jurídicas citadas por THE OBJECTIVE consideran especialmente grave la supuesta modificación de documentos oficiales para hacer constar una fecha distinta de aquella en la que se entregó realmente la documentación.
Según estas fuentes, si los solicitantes que habían pedido cita antes del vencimiento podían acogerse legalmente a algún mecanismo de protección, habría sido posible acreditar esa circunstancia mediante los justificantes del sistema informático, sin necesidad de cambiar las fechas de los formularios.
La inclusión de una fecha anterior a la presentación efectiva podría, en función de las circunstancias y de la valoración de las autoridades competentes, plantear cuestiones relacionadas con la falsedad documental.
No obstante, la existencia de un posible delito y la eventual responsabilidad de los implicados deben determinarse mediante la correspondiente investigación y valoración jurídica. Las acusaciones recogidas en la información periodística no equivalen, por sí solas, a una resolución judicial.
Otros expedientes de nacionalidad española bajo sospecha
La presunta alteración de las fechas se suma a otras informaciones publicadas sobre la concesión de nacionalidades españolas mediante la Ley de Memoria Democrática en el Consulado de España en México.
Uno de los casos mencionados es el de Juan G., un ciudadano mexicano de 82 años que habría obtenido la nacionalidad española por la ascendencia de su abuelo. Según la investigación, en comunicaciones internas algunos trabajadores se habrían referido a él como una persona de trato preferente, utilizando expresiones como «VIP» y «amigo del cónsul».
La información también sostiene que su expediente se habría tramitado en un periodo próximo a las elecciones generales del 23 de julio, aunque las circunstancias concretas del procedimiento deben valorarse a partir de la documentación correspondiente.
Otro caso señalado es el de Felipe Salvador Ruiz de Velasco, ciudadano mexicano de 93 años que obtuvo el reconocimiento de la nacionalidad española en mayo de 2025.
Según los datos publicados, la solicitud se apoyaba en la ascendencia de un bisabuelo nacido en Burgos en 1821 y fallecido en México en 1889. La investigación afirma que un funcionario dejó una nota en el expediente en la que cuestionaba la procedencia del reconocimiento y planteaba cancelar el trámite.
Pese a esa advertencia, el procedimiento habría continuado por indicación directa del entonces embajador Juan Duarte, según las fuentes citadas por el periódico.
La investigación incluye asimismo la concesión de la nacionalidad a la exsenadora mexicana del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Nancy de la Sierra Arámburo y a otros tres miembros de su familia en una misma jornada. El medio sostiene que el expediente recibió un tratamiento preferencial y cuestiona si se cumplían los requisitos aplicables.
Estos casos forman parte de una serie de informaciones que plantean dudas sobre la interpretación de los requisitos legales y los criterios utilizados para resolver determinadas solicitudes de nacionalidad.
Las cifras de nacionalizaciones y las dudas sobre la aplicación de la ley de nietos
La dimensión de las concesiones de nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática también ha generado controversia.
Fuentes de la red consular citadas por THE OBJECTIVE han cuestionado la cifra de 163.000 nacionalizaciones que, según el artículo original, el Gobierno habría comunicado al Tribunal Supremo. Estas fuentes sostienen que el número real de concesiones podría ser considerablemente superior.
Además, aseguran que una parte importante de los expedientes aprobados en México se habría resuelto mediante interpretaciones de las instrucciones del Ministerio de Justicia que, a su juicio, habrían flexibilizado los requisitos relacionados con el exilio político y la persecución durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Estas afirmaciones requieren contrastarse con los datos oficiales, los criterios administrativos aplicables y las resoluciones de cada expediente. La concesión de la nacionalidad debe analizarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada solicitante y a los requisitos previstos en la normativa.
La polémica sobre la gestión de la ley de nietos en México plantea, en definitiva, interrogantes sobre el control de los procedimientos consulares, la aplicación uniforme de los plazos administrativos y la transparencia en la concesión de la nacionalidad española.
Si se acreditara que determinados documentos oficiales fueron modificados para ocultar la fecha real de presentación, las autoridades competentes tendrían que determinar el alcance de las irregularidades y las posibles responsabilidades administrativas o penales.
Hasta que esos extremos queden acreditados, las presuntas manipulaciones descritas deben distinguirse de los hechos que puedan establecerse mediante una investigación oficial o una resolución judicial.
