El teléfono de la Plataforma de Afectados por la Okupación "echa humo". Lo dice su portavoz, Ricardo Bravo, que asegura haber registrado un repunte de llamadas de propietarios con fecha de desahucio que ya no saben cuándo podrán recuperar sus viviendas. Según informa The Objective, el motivo son los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el 6 de octubre, que la propia plataforma y el diario llaman "decretos Maricarmen" y que están pendientes de convalidación por la Mesa de la Diputación Permanente.
Suspensiones también para pequeños propietarios
Bravo explica que, tras los decretos de febrero, hubo una "relativa tranquilidad", pero que la situación ha cambiado con los nuevos. "El teléfono echa humo, sobre todo por procedimientos que tenían fecha de desahucio y de lanzamiento", afirma. Según la plataforma, las suspensiones afectan también a pequeños propietarios con una o dos viviendas, mientras se verifica si el arrendador es un pequeño tenedor o se resuelven las solicitudes de ocupantes que alegan vulnerabilidad.
El problema, según el portavoz, es el tiempo de espera hasta que se resuelve el caso y se fija una nueva fecha. Es decir, no se trata solo de que se paralice un desahucio, sino de que el propietario no sabe por cuánto tiempo.
El caso de Alejandro, en Salamanca
El diario recoge dos testimonios. Alejandro, propietario en Salamanca, tenía previsto recuperar su vivienda el 25 de noviembre, pero una nueva resolución judicial suspendió el lanzamiento. Según su relato, es la cuarta vez que se paraliza el desahucio desde una sentencia favorable en un procedimiento de 2025.
Alquiló la vivienda en 2008 a un matrimonio mayor por 450 euros al mes, y tras la muerte del marido la renta bajó a 370. En enero de 2024 comunicó a la inquilina su intención de recuperar la casa, y en mayo de ese año se señaló un primer lanzamiento que quedó suspendido por alegar ella vulnerabilidad. Según él, la inquilina no paga desde hace tiempo y rechazó las alternativas habitacionales ofrecidas por los servicios sociales.
Su hijo paga 800 euros mensuales por un piso en la misma calle y tiene una hija de dos años. "Mi hijo lleva año y medio pagando 800 euros mientras ella está viviendo gratis", denuncia Alejandro. Es su versión: el texto no recoge la de la inquilina.
Miguel y Sonia, en Torrejón de Ardoz
El segundo caso es el de Miguel y Sonia, en Torrejón de Ardoz. La inquilina vive en el piso desde 2010; el alquiler pasó de 650 a 450 euros tras la separación de ella y luego subió a 500. En febrero de 2024 se le comunicó que el contrato había terminado y dejó de pagar. El lanzamiento estaba previsto para el 21 de octubre de 2026 y ha sido suspendido. "El desahucio era mañana, este miércoles, y nos lo han paralizado", dicen. Según explican, necesitan vender o usar la vivienda para afrontar gastos familiares.
Qué dicen los decretos y qué dice el Gobierno
La información no detalla el contenido exacto de los decretos ni recoge la postura del Gobierno sobre las quejas de la plataforma. Conviene recordar que las suspensiones se acuerdan por los jueces cuando se alega vulnerabilidad y se verifica la condición del arrendador, y que corresponde a cada juzgado valorar cada caso. Lo que denuncian los propietarios es el efecto acumulado: procedimientos con sentencia que se retrasan una y otra vez.
LaBandera ya contó cómo el Gobierno quiere frenar los desahucios de okupas aunque exista sentencia y cómo Sánchez introduce una trampa en el decreto antidesahucios para blindar a los okupas. Los casos que ahora recoge la plataforma ilustran el choque entre la protección de los inquilinos vulnerables y el derecho de los propietarios a recuperar su vivienda.
Un debate con dos caras
Los defensores de los decretos sostienen que evitan que familias vulnerables acaben en la calle mientras se verifica su situación. Los propietarios afectados responden que muchos son pequeños tenedores que dependen de ese piso, y que cada semana de retraso les cuesta dinero. Ambas posturas aparecen en la información, aunque el texto solo da voz a una de ellas.
La convalidación de los decretos por la Diputación Permanente será el siguiente paso. Hasta entonces, las llamadas a la plataforma seguirán, y LaBandera continuará pendiente de lo que ocurra con los lanzamientos suspendidos.
