El Gobierno amplía la protección anti-desahucios y permitirá paralizar los lanzamientos hasta 2028 aunque haya sentencia. El nuevo decreto alarga la suspensión de los desalojos para hogares declarados vulnerables y será aplicable incluso a procedimientos judiciales que ya se encuentren en fase de ejecución. Asociaciones de propietarios y colectivos del sector residencial advierten de que la medida consolida la inseguridad jurídica y prolonga las situaciones de «inquiokupación».
Es sin duda otro ‘efecto llamda’ para la okupación, igual que para la invasión desde Marruecos. El Gobierno Socialcomunista prepara la aprobación de un nuevo paquete normativo en materia de vivienda que incluye una extensión extraordinaria de la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas en situación de vulnerabilidad económica y social.
Ocupantes e inquilinos
Con este cambio, los ocupantes e inquilinos que incurran en impagos podrán frenar la ejecución de los desalojos hasta finales de 2028, incluso en aquellos casos en los que ya exista una resolución judicial firme dictada por los tribunales.
La regulación articula un régimen de protección transitoria que ampara tanto a los desahucios derivados de procedimientos de arrendamiento por impago de rentas como a los procesos de usurpación o entrada no autorizada en inmuebles pertenecientes a grandes tenedores.
Además, según recoge el borrador de la norma, el marco de suspensión será de aplicación retroactiva e inmediata: aquellos procedimientos que se encuentren actualmente en fase de ejecución en los juzgados podrán acogerse al aplazamiento siempre que la comitiva judicial no haya llevado a cabo el lanzamiento efectivo.
Requisitos y desacuerdo en el sector
Para poder solicitar la paralización del procedimiento hasta el plazo tope de 2028, los ocupantes deberán acreditar documentalmente ante el juzgado su condición de vulnerabilidad a través de los informes expedidos por los servicios sociales competentes.
La norma mantiene sobre el papel la obligación de abono de las cantidades adeudadas o la compensación por el uso de la vivienda, pero en la práctica impide a los juzgados restituir la posesión del inmueble a sus legítimos propietarios mientras persista la evaluación de protección social.
La medida ha generado una contundente reacción en contra por parte de organizaciones de arrendadores, expertos en derecho inmobiliario y plataformas de pequeños propietarios. Desde el sector señalan que esta prórroga continuada del denominado "escudo social" traslada a los particulares la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda que corresponde a las Administraciones Públicas.
Asimismo, advierten de que paralizar sentencias judiciales firmes agravará el fenómeno de la inquiokupación, incentivando el impago prolongado y provocando como efecto colateral una mayor retirada de inmuebles del mercado de alquiler por el miedo de los arrendadores a no poder recuperar su propiedad.
