A escasas dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y con la legislatura agonizando, el Partido Socialista demuestra que su maquinaria de colocación de afines en las instituciones del Estado no se detiene ni en el tiempo de descuento. El vicepresidente primero y ministro responsable de Transportes tras la salida del dimitido Óscar Puente, Carlos Cuerpo, ha elegido como nuevo presidente de Adif a Joaquim Hortalà i Vallvé, esposo de su propia número dos en el Ministerio de Economía, la secretaria de Estado de Comercio María Amparo López Senovilla.
Este nombramiento evidencia que, lejos de buscar una gestión independiente y profesional para sacar al sector ferroviario de su peor crisis histórica tras las tragedias de Adamuz y Urda, el Ejecutivo vuelve a anteponer la afinidad personal y política. Hortalà, abogado del Estado muy cercano al presidente catalán Salvador Illa, pertenece además a una conocida saga del nacionalismo catalán, siendo hijo de Joan Hortalà i Arau, histórico dirigente independentista, exdiputado de ERC y exconsejero de Jordi Pujol. Su aterrizaje en la presidencia del gestor de infraestructuras se produce precisamente después de que el PSC montara en cólera ante la amenaza de Puente de cerrar durante un año la línea Madrid-Barcelona, un golpe electoral que Pedro Sánchez no podía permitirse en Cataluña.
La designación resulta especialmente llamativa por el perfil estrictamente jurídico del nuevo presidente justo en el momento en que Adif se encuentra acorralada por la Justicia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la semana pasada la sede de la empresa pública en busca de contratos bajo sospecha por los retrasos en los sistemas de seguridad que habrían evitado el siniestro de Urda, mientras la Fiscalía Europea investiga el destino de 86 millones de euros en fondos comunitarios para la línea Madrid-Sevilla.
Con este movimiento in extremis tras el cese tardío de Luis Marco de la Peña —quien abandonó el cargo sin asumir responsabilidades ni mencionar a las víctimas—, el sanchismo consolida una estructura de altos cargos superpuestos. Un entramado clientelar diseñado para blindar las instituciones hasta el último segundo y complicar cualquier auditoría real si las urnas dan paso a un nuevo Gobierno el próximo 29-N.
