El abogado Nielson de Souza Vilela, que asumió en España la defensa de Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal, ha sido encontrado muerto en Madrid tal y como informa el medio The Objective. El cadáver del letrado apareció a primera hora del jueves en el trastero del inmueble donde vivía, en plena Gran Vía madrileña. Por ahora, no se han hecho públicas las causas ni las circunstancias de su fallecimiento.
El abogado, de aproximadamente 40 años, representó jurídicamente al antiguo responsable de los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, uno de los personajes que más información conoce sobre el funcionamiento interno del chavismo y sus conexiones internacionales.
Su muerte se produce en un contexto especialmente delicado para su antiguo cliente. Carvajal se encuentra actualmente colaborando con las autoridades estadounidenses después de reconocer su responsabilidad en varios delitos relacionados con el narcotráfico, el narcoterrorismo y el tráfico de armas.
El Pollo Carvajal y su colaboración con Estados Unidos
Hugo Armando Carvajal dirigió durante años los servicios de inteligencia militar venezolanos bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde esa posición tuvo acceso a información sensible sobre el funcionamiento del régimen, sus operaciones internacionales y sus relaciones con dirigentes políticos de otros países.
El exgeneral venezolano se enfrenta a una condena en Estados Unidos después de declararse culpable de cuatro delitos. La resolución judicial, cuya lectura estaba prevista inicialmente para octubre de 2025 y posteriormente para febrero de 2026, ha experimentado diferentes aplazamientos.
Fuentes próximas al entorno de Carvajal relacionan estos retrasos con la información que el antiguo jefe de los servicios secretos estaría facilitando a las autoridades norteamericanas. Entre los asuntos que podría estar desvelando figuran las actividades del régimen venezolano fuera de sus fronteras, las operaciones económicas de sus dirigentes y los mecanismos utilizados para financiar a organizaciones y formaciones políticas afines al chavismo.
La colaboración del Pollo Carvajal con Estados Unidos ha cobrado una dimensión adicional tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
Las conexiones del chavismo con la política española
Según fuentes cercanas al exresponsable de Inteligencia venezolano, Carvajal habría comenzado a proporcionar información sobre los procedimientos empleados por el régimen chavista para canalizar recursos económicos hacia dirigentes y partidos de izquierda y extrema izquierda de diferentes países.
Estas revelaciones también podrían afectar a las relaciones del chavismo con España y a los vínculos que habría mantenido con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Parte de la información que maneja el exgeneral se remonta a su etapa de encarcelamiento en España, entre 2021 y 2023. Durante ese periodo permaneció en prisión mientras se resolvía su extradición a Estados Unidos.
En aquellos años, Carvajal compareció ante la Audiencia Nacional y trasladó a las autoridades judiciales españolas información relacionada con la presunta financiación internacional de movimientos políticos por parte del Gobierno de Hugo Chávez.
El antiguo jefe de los servicios secretos venezolanos intentó frenar su extradición colaborando con la Justicia española y aportando datos sobre Podemos y José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, el 19 de julio de 2023 fue entregado a las autoridades estadounidenses para responder ante un tribunal federal de Nueva York por su presunta participación en las actividades del denominado Cártel de los Soles.
El 25 de junio de 2025, pocos días antes del comienzo previsto del juicio, Carvajal reconoció su culpabilidad en los cuatro cargos que se le imputaban. Entre ellos figuraban la conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y su participación en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desde entonces, permanece pendiente de conocer la sentencia que dictará el juez Alvin K. Hellerstein.
La información estadounidense sobre el caso Plus Ultra
La colaboración de las autoridades norteamericanas con España también ha tenido repercusiones en investigaciones relacionadas con el entorno político y empresarial vinculado a Venezuela.
Apenas dos meses y medio después de la detención de Nicolás Maduro, Estados Unidos remitió a la Policía Nacional información que posteriormente adquirió relevancia en la investigación del caso Plus Ultra, en el que aparece como investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El 18 de marzo, la agencia Homeland Security Investigations (HSI), integrada en el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, antiguo accionista mayoritario de la aerolínea.
Los mensajes y comunicaciones recuperados del dispositivo incluían referencias a las gestiones que supuestamente realizaron responsables de la compañía para obtener el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La documentación facilitada por Estados Unidos se incorporó a la investigación dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Estos elementos formaron parte de las actuaciones que precedieron a la imputación de Zapatero, el pasado 18 de mayo.
El expresidente, por su parte, ha rechazado haber participado en las gestiones para conseguir la ayuda pública concedida a Plus Ultra.
El precedente de Juan Carlos Márquez y el caso Morodo
El fallecimiento del abogado Nielson de Souza Vilela ha vuelto a poner sobre la mesa otro episodio ocurrido en Madrid en 2019. Se trata de la muerte de Juan Carlos Márquez Cabrera, antiguo directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyo cuerpo apareció dos días después de que manifestara su intención de colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación sobre los negocios del exembajador español en Caracas Raúl Morodo y su hijo Alejo.
Márquez había ocupado el cargo de secretario general de Entes Corporativos de PDVSA durante la etapa en la que Rafael Ramírez presidía la petrolera estatal venezolana.
Su firma aparecía en varios contratos de asesoramiento que estaban siendo examinados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El 18 de julio de 2019 llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Estados Unidos. Allí fue detenido en cumplimiento de una orden de búsqueda y captura. Después de comparecer ante el magistrado y expresar su voluntad de colaborar con la investigación, quedó en libertad con la obligación de permanecer en territorio español.
Durante su declaración, Márquez manifestó que estaba dispuesto a explicar todo lo que conocía sobre el caso Morodo, una investigación que también había situado bajo el foco las relaciones de determinados responsables políticos españoles con el régimen venezolano.
El juez Santiago Pedraz le emplazó a regresar el lunes siguiente para continuar con el interrogatorio. Sin embargo, dos días después de su comparecencia, el antiguo directivo de PDVSA fue encontrado muerto en una oficina ubicada en una nave industrial de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
Su socio, que había intentado localizarlo telefónicamente durante el fin de semana sin obtener respuesta, acudió finalmente a las instalaciones que ambos compartían. Ante la imposibilidad de acceder al inmueble, fue necesaria la intervención de los bomberos.
Los millones de PDVSA investigados por la Audiencia Nacional
La investigación en la que Márquez había aceptado colaborar pretendía esclarecer el destino de al menos 4,5 millones de euros procedentes de la petrolera estatal venezolana. Ese dinero habría llegado a sociedades relacionadas con Alejo Morodo, hijo del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2006, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los investigadores analizaron distintos contratos de asesoramiento firmados entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya había abandonado su puesto diplomático en Caracas.
En el transcurso de las pesquisas también se examinaron posibles conexiones económicas y políticas con figuras relevantes del ámbito institucional español. Entre las hipótesis investigadas se llegó a plantear si Morodo podría haber actuado como testaferro de Zapatero o de José Bono, una cuestión que no llegó a esclarecerse.
Finalmente, en diciembre de 2024, la Audiencia Nacional condenó a Raúl Morodo a diez meses de prisión y a su hijo Alejo a dos años. Ambos habían alcanzado previamente un acuerdo con la Fiscalía y reconocieron haber ocultado a Hacienda ingresos procedentes de PDVSA.
La muerte de Nielson de Souza Vilela, abogado que representó en España al Pollo Carvajal, ha recuperado ahora el recuerdo de aquel caso entre antiguos responsables y directivos relacionados con la petrolera venezolana. Por el momento, no se ha establecido ninguna relación entre ambos fallecimientos.
