El cerco judicial sobre la financiación del PSOE y la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sumado un nuevo capítulo este jueves con el despliegue de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Tribunal de Cuentas.
Por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, los agentes han reclamado nueva documentación sobre las donaciones recibidas por Ferraz después de que el cotejo de los datos entregados en septiembre por el organismo fiscalizador revelara discordancias en las cuentas de la formación.
Presunta financiación ilegal
La diligencia se enmarca en la pieza separada y secreta abierta dentro del caso Koldo para esclarecer una presunta financiación ilegal y el sistema de reembolsos en efectivo de gastos adelantados por cargos del partido entre 2017 y 2024.
Las pesquisas arrancaron tras las revelaciones sobre cobros en metálico que no figuraban en la contabilidad oficial por parte del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, además de las aportaciones documentales del comisionista Víctor de Aldama sobre supuestas vías de financiación vinculadas a Venezuela.
Pitufeo en el PSOE
Ahora, los investigadores ponen la lupa sobre el posible uso de fundaciones pantalla o métodos de fraccionamiento ("pitufeo") para eludir el límite legal de 50.000 euros anuales por donante y la prohibición de aportaciones de personas jurídicas, blanqueando presuntas mordidas de la trama.
Este nuevo movimiento policial contra la caja de Ferraz coincide en el tiempo con el escándalo de las denominadas "cloacas" vinculadas a la militante socialista Leire Díez y con una segunda operación simultánea de la UCO que vuelve a golpear al Gobierno. En la misma jornada, agentes del instituto armado se han personado tanto en el Ministerio de Igualdad como en el propio Tribunal de Cuentas a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO).
Esta segunda investigación indaga un presunto fraude con fondos comunitarios europeos en la adjudicación y gestión del contrato de las pulseras telemáticas antimaltrato.
Los fallos técnicos y la pérdida de datos de geolocalización registrados tras el cambio de empresa adjudicataria —firmado durante la etapa de Irene Montero y defendido posteriormente por la ministra Ana Redondo— provocaron el sobreseimiento y la absolución en numerosos procedimientos contra maltratadores por falta de pruebas GPS fiables, motivando ahora la intervención de la justicia europea junto a la Guardia Civil.
