A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado clara su intención de mantener intacta la actual legislación sobre el aborto impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su intervención en el programa El Hormiguero (Antena 3), el candidato popular aseguró ante Pablo Motos que no presentará enmiendas a la ley vigente y garantizó que las mujeres podrán seguir abortando en hospitales públicos incluso en el escenario de un Ejecutivo de coalición con VOX.
La postura expuesta por Feijóo supone un giro significativo respecto a posiciones históricas de su propia formación, que en 2010 recurrió la ley de plazos ante el Tribunal Constitucional y en 2015 aprobó exigir el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años.
Preguntado por la reforma aprobada en 2023 que permite abortar a adolescentes sin autorización ni conocimiento familiar, el líder del PP descartó restablecer el consentimiento de los progenitores. "No he dicho el consentimiento. Dije el conocimiento de sus padres, que no es lo mismo", precisó, supeditando además cualquier cambio sobre ese deber de información a la existencia de un consenso parlamentario.
Feijóo, profundamente proabortista
Durante la entrevista, en la que centró su discurso en las ayudas económicas a la maternidad sin hacer referencia a la protección jurídica del no nacido, Feijóo afirmó que, si un padre ve que su hija menor ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo, "lo que tiene que hacer es ayudarla". Estas declaraciones, sumadas a su compromiso de mantener el marco legal actual, han provocado una fuerte reacción crítica en ámbitos provida y entre votantes católicos, que acusan a la dirección de Génova de asumir los postulados ideológicos de la izquierda en materia de vida.
Tampoco derogará la ley de eutanasia
En la misma línea de continuismo normativo, el aspirante a la Moncloa abordó la ley de eutanasia aprobada durante el mandato socialista.
Lejos de plantear su derogación —pese a que el Partido Popular también la llevó en su día al Tribunal Constitucional—, Feijóo se limitó a anunciar retoques técnicos para corregir "efectos indeseados" en el procedimiento administrativo.
Para justificar esta revisión limitada, mencionó el caso de Noelia Castillo y atribuyó lo ocurrido a un fallo en la atención de los servicios públicos, validando en lo esencial el marco legal vigente sobre el final de la vida.
