Las elecciones del próximo 29 de noviembre estarán marcadas también por las medidas económicas que el Gobierno tiene previsto aprobar durante las semanas previas a la cita con las urnas. Las pensiones, las prestaciones sociales, los salarios de los empleados públicos y el salario mínimo interprofesional se encuentran entre los principales asuntos pendientes del Ejecutivo.
Según los datos disponibles, alrededor de 18,85 millones de personas dependen directamente de una pensión, una nómina pública o una prestación económica. Esta cifra supone aproximadamente el 48% de los 38,7 millones de ciudadanos que forman parte del censo electoral previsto para los comicios del 29-N.
El calendario de reuniones del Consejo de Ministros cobra especial relevancia en este contexto. El Gobierno todavía dispone de varias sesiones para aprobar medidas que pueden afectar a millones de hogares antes de las elecciones. Una de las decisiones más importantes será la actualización de las pensiones para 2027.
La subida de las pensiones, una de las medidas pendientes antes del 29-N
Uno de los colectivos más numerosos afectados por las decisiones del Ejecutivo es el de los pensionistas. En España hay aproximadamente 10,56 millones de personas que reciben una pensión, según los datos correspondientes al mes de octubre.
Estos ciudadanos conocerán previsiblemente antes de acudir a votar cuál será la revalorización de sus prestaciones para el próximo año. Las previsiones apuntan a un incremento de entre el 3% y el 4%, aunque la cifra definitiva dependerá de la evolución de la inflación durante noviembre.
El dato oficial del IPC de ese mes está previsto para el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones. Por tanto, el porcentaje definitivo de actualización de las pensiones podría conocerse prácticamente en vísperas de la jornada electoral.
La revalorización también tendrá consecuencias sobre otras ayudas vinculadas a las pensiones, como el ingreso mínimo vital (IMV). Esta prestación podría experimentar una actualización similar, aunque el Gobierno también tiene margen para aplicar incrementos adicionales a determinados colectivos.
En octubre, cerca de 2,78 millones de personas percibían el ingreso mínimo vital. Esta ayuda, creada en 2020, continúa siendo una de las principales herramientas de protección económica para los hogares con menos recursos.
Los empleados públicos también esperan conocer cuánto subirán sus salarios
Otro grupo importante de votantes pendiente de las decisiones económicas del Gobierno es el formado por los trabajadores del sector público.
El empleo público ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan en aproximadamente 3,73 millones el número de personas que trabajan en el sector público.
Estos empleados también están pendientes de conocer la actualización salarial que se aplicará durante 2027. El Ejecutivo podría aprobar esta medida en alguno de los Consejos de Ministros previstos antes de las elecciones del 29 de noviembre.
La decisión sobre los sueldos de los funcionarios tendrá un impacto directo en millones de trabajadores y sus familias, especialmente en un contexto marcado por la evolución de los precios y la pérdida o recuperación de poder adquisitivo.
Más de 1,7 millones de desempleados cobran prestaciones públicas
El desempleo constituye otro de los ámbitos en los que las decisiones del Gobierno pueden influir sobre la economía de los ciudadanos antes de las elecciones.
En España hay alrededor de 1,76 millones de personas desempleadas que reciben algún tipo de prestación, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo.
Durante los últimos años, el Ejecutivo ha introducido cambios en las condiciones de acceso y percepción de estas ayudas, incluyendo las destinadas a los mayores de 52 años.
Por ello, las posibles modificaciones normativas que se aprueben en las próximas semanas también tendrán especial importancia para quienes dependen de estas prestaciones para afrontar sus gastos cotidianos.
La subida del salario mínimo podría beneficiar a otros 2,5 millones de trabajadores
A los colectivos anteriores hay que añadir a los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI).
Se calcula que alrededor de 2,5 millones de empleados cobran el salario mínimo en España y están pendientes de la próxima decisión del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz.
La vicepresidenta segunda ya ha planteado una nueva subida del SMI para 2027 del 5,3%, un incremento superior a las previsiones de inflación media para el próximo ejercicio, que se sitúan en torno al 3,6%.
Si sale adelante la propuesta, el salario mínimo alcanzaría los 18.004 euros brutos anuales, equivalentes a 1.500 euros mensuales en 12 pagas.
Además, el procedimiento permitiría al Gobierno aprobar la actualización mediante un real decreto, sin que resulte imprescindible alcanzar previamente un acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales ni obtener el respaldo del Congreso.
Más de 21 millones de votantes, pendientes de las decisiones económicas del Ejecutivo
La suma de pensionistas, beneficiarios del ingreso mínimo vital, empleados públicos, desempleados con prestación y trabajadores que cobran el salario mínimo refleja el alcance de las decisiones económicas que el Gobierno tiene sobre la mesa.
En conjunto, más de 21,3 millones de potenciales votantes podrían verse afectados por las medidas económicas que se aprueben antes del 29 de noviembre.
La cifra representa más de la mitad del censo electoral y sitúa las políticas sociales, las pensiones y las actualizaciones salariales entre los asuntos de mayor relevancia en la recta final de la campaña electoral.
Con varios Consejos de Ministros todavía previstos antes de la votación, las próximas semanas serán decisivas para conocer qué medidas consigue aprobar el Ejecutivo y cómo pueden repercutir en los ingresos de millones de ciudadanos.
La evolución de las pensiones, las prestaciones públicas y los salarios se convierte así en uno de los principales focos de atención económica y política antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
