La candidata de Frente Amplio introduce la supuesta instrumentalización de la justicia durante su entrevista con Jordi Wild, aunque reconoce que desconoce si las investigaciones sobre el expresidente socialista responden a una persecución judicial.
Ada Colau ha protagonizado uno de los momentos más controvertidos de su entrevista en The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild, al introducir el concepto de lawfare cuando la conversación abordaba las investigaciones y controversias judiciales relacionadas con el PSOE y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La candidata de Frente Amplio ha defendido que existen casos de utilización política de la justicia y ha recurrido a su propia experiencia como exalcaldesa de Barcelona para justificar su posición. Sin embargo, cuando Wild le ha preguntado directamente si consideraba que las investigaciones sobre Zapatero podían responder a esa supuesta persecución, Colau ha reconocido que no lo sabía.
El intercambio ha dejado una distinción relevante entre la existencia de procedimientos judiciales utilizados de forma abusiva, que Colau denuncia, y la posibilidad de aplicar esa interpretación a investigaciones concretas que todavía deben esclarecerse.
Jordi Wild cuestiona a Colau por introducir el lawfare en el debate sobre la corrupción
La conversación se ha producido después de que el presentador preguntara a Colau por los casos de corrupción relacionados con antiguos dirigentes socialistas y por las responsabilidades políticas que deberían asumir sus socios de Gobierno.
Wild ha mencionado los casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez, además de las controversias que afectan a Zapatero.
La candidata ha respondido trasladando el debate al funcionamiento de la justicia.
«Hay una parte que son del lawfare, que se llama guerra sucia que utiliza la justicia», ha afirmado Colau, antes de que el entrevistador le advirtiera de que los casos de corrupción mencionados no podían equipararse sin más a una persecución judicial.
Wild ha mostrado su preocupación por las acusaciones de instrumentalización de la justicia cuando existen investigaciones todavía abiertas.
Su argumento ha sido que corresponde a los tribunales esclarecer los hechos y que no se puede anticipar que una investigación es lawfare simplemente porque afecte a un dirigente político.
La pregunta sobre Zapatero que obliga a Colau a matizar su discurso
El momento más significativo ha llegado cuando Jordi Wild ha relacionado directamente la intervención de Colau con el expresidente socialista.
«Esto me lo has dicho cuando he nombrado lo de Zapatero. ¿Crees entonces que lo de Zapatero tiene pinta de ser lawfare?», le ha preguntado.
La respuesta de la candidata ha sido mucho más prudente que su intervención inicial.
«Claro, yo no lo sé. O sea, que se investigue y que lo diga», ha contestado Colau, añadiendo que no tenía indicios de que Zapatero fuera culpable.
De este modo, la exalcaldesa ha evitado atribuir expresamente una persecución judicial al caso del expresidente del Gobierno, aunque ha mantenido su denuncia general sobre la existencia de prácticas de guerra judicial.
Wild ha insistido en que las investigaciones deben seguir su curso antes de extraer conclusiones sobre su naturaleza o sobre la responsabilidad de las personas afectadas.
Colau utiliza las 22 querellas contra ella para defender la existencia de guerra judicial
Para explicar su postura, la candidata ha recordado las denuncias que recibió durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento de Barcelona.
Según ha relatado, se presentaron más de 22 querellas contra ella, todas archivadas, y ha sostenido que algunas respondían al rechazo de determinados intereses económicos a sus políticas de vivienda.
Colau ha citado específicamente una denuncia interpuesta por un fondo de inversión y ha afirmado que la resolución judicial de archivo cuestionó las motivaciones de esa actuación.
La exalcaldesa considera que estos procedimientos tuvieron consecuencias políticas y mediáticas, aunque finalmente no prosperaran.
Su experiencia personal constituye el principal argumento que ha utilizado para sostener que la justicia puede ser instrumentalizada para perjudicar a responsables públicos.
No obstante, el archivo de una denuncia no demuestra por sí solo que su presentación respondiera a una operación de persecución política. Para establecer esa conclusión resulta necesario examinar las circunstancias y resoluciones de cada procedimiento.
La investigación judicial sobre Zapatero continúa abierta
Las declaraciones de Colau llegan en un momento especialmente delicado para el expresidente socialista.
El pasado 11 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama prorrogó durante seis meses la investigación sobre Zapatero en el marco del caso Plus Ultra, relacionado con el préstamo público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021.
El expresidente está investigado por presunto tráfico de influencias, además de posibles delitos fiscales y de contrabando vinculados a unas joyas localizadas durante un registro policial.
La prórroga responde a la existencia de diligencias pendientes, entre ellas declaraciones, documentación bancaria e informes policiales. El magistrado no descarta que las nuevas actuaciones puedan dar lugar a otras imputaciones.
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Por otra parte, el juez rechazó ampliar la investigación a un presunto delito de malversación relacionado con esas joyas, tal como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
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Por tanto, el procedimiento continúa en fase de investigación y no existe una condena que permita atribuir al expresidente los delitos investigados.
Colau cuestiona las joyas de Zapatero aunque reconoce que podrían ser legales
La candidata también ha introducido una crítica al patrimonio en joyas atribuido al expresidente.
Durante la conversación ha señalado que, aunque la posesión de esos objetos pudiera ser legal, considera que los responsables políticos deben mantener unos estándares de conducta que vayan más allá del cumplimiento estricto de la ley.
Colau ha afirmado que no conoce a nadie de su entorno que tenga joyas valoradas en más de un millón de euros y ha defendido la importancia de predicar con el ejemplo.
La exalcaldesa ha separado así dos cuestiones: la posible responsabilidad penal de Zapatero, que corresponde determinar a los tribunales, y la valoración ética que hace de las informaciones conocidas.
Jordi Wild insiste en que no se puede anticipar una persecución judicial
El presentador ha mantenido durante el intercambio que las acusaciones de lawfare deben manejarse con cautela.
La conversación ha puesto sobre la mesa una cuestión que afecta directamente al debate político español: cuándo una investigación judicial puede considerarse abusiva y qué pruebas son necesarias para sostener que existe una persecución política.
Colau ha defendido su experiencia personal como ejemplo de procedimientos que considera injustificados, pero no ha aportado elementos concretos que permitan trasladar esa conclusión al caso Zapatero.
La candidata de Frente Amplio ha terminado reconociendo que desconoce si el procedimiento que afecta al expresidente responde a una actuación judicial instrumentalizada.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer los hechos.
