El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado en la Audiencia Nacional reconstruye, paso a paso, los que los agentes consideran hitos de la presunta trama de comisiones que habría operado entre 2018 y 2024 alrededor del Ministerio de Transportes. Según informa El Debate, el documento recoge pagos documentados por 245.498 euros y sitúa en un lugar central a Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez. La causa la instruye el juez Ismael Moreno, no hay condenas y todos los investigados conservan la presunción de inocencia.
La cifra y su letra pequeña
El dato de los 245.498 euros necesita una precisión que el propio artículo subraya: el informe no atribuye automáticamente esa cantidad como dinero entregado a José Luis Ábalos. Son pagos que los agentes han podido documentar dentro del entramado investigado, y su destino final es una de las cuestiones que la instrucción tendrá que aclarar.
El periodo analizado coincide con la etapa de Ábalos en el ministerio y los años posteriores. La tesis de los investigadores es que se cobraban comisiones a cambio de licencias, entre ellas las de hidrocarburos, y de contratos de obra presuntamente amañados en favor de empresas afines. Es una hipótesis policial.
Cinco años de mensajes
Lo que sí aporta el informe, según el medio, es un rastro de mensajes que permite reconstruir durante unos cinco años la relación de Corvillo con Koldo García, el exasesor ministerial, y con el propio Ábalos. Los agentes describen una evolución: el exchófer habría empezado tratando con el asesor y habría terminado teniendo acceso directo al ministro.
En esos mensajes aparece una frase que Corvillo habría enviado al empresario Víctor de Aldama para presumir de sus contactos: «Gestión realizada con el jefe». El informe recoge también un audio en el que Ábalos reconocería ante Koldo haber cobrado cantidades de dinero que después gastó. El artículo no ofrece el contexto completo de esa grabación, y sin él no puede determinarse a qué pagos se refería.
La reunión con Sánchez
El punto políticamente más sensible es otro. El informe recoge que Corvillo mantuvo una reunión privada con Pedro Sánchez en 2023, pese a que el presidente había asegurado no tener nada que ver con él. LaBandera ya informó de que la UCO apunta a una interlocución directa entre ambos.
Hay que ser exactos con el alcance de ese dato. Una reunión no implica conocimiento de ninguna actividad ilícita, y el presidente no está investigado. Lo que el informe pone en cuestión es su versión pública sobre la relación con quien fue su conductor durante las primarias socialistas de 2017.
El papel que se atribuye al exchófer
Los agentes describen a Corvillo como presunto canalizador de fondos: la persona que habría movido dinero procedente de las adjudicaciones para pagar favores al exministro. Dentro de ese esquema encajan la compra de una vivienda por parte de la pareja de Ábalos, que los investigadores identifican como el gasto significativo al que aludiría el audio. Según el artículo, la operación podría responder a contactos de Corvillo con Aldama y a movimientos desde sociedades portuguesas vinculadas al empresario. El condicional es del propio informe.
Ya contamos que la Audiencia Nacional lo sitúa como presunto nexo entre las tramas, y que la UCO investiga si las adjudicaciones de Adif guardan relación con los accidentes de Adamuz y Urda, una línea que por ahora es solo eso.
El momento
El informe trasciende el día en que empieza la campaña del 29N. Santiago Abascal ya había resumido la posición de Vox al afirmar que en el entorno del presidente estaba implicado hasta el chófer. El PSOE mantiene que Ábalos fue apartado y que el partido colabora con la Justicia.
Lo que falta por saber
Falta la versión de los investigados, que el artículo no recoge, el contexto del audio atribuido a Ábalos, el contenido de la reunión de 2023 y el destino final de los pagos documentados. Todo lo expuesto procede de lo publicado por El Debate sobre un informe policial en una causa abierta, y se presenta según informa ese medio.
