Para el PSOE, el Gobierno del Sanchismo y Bolaños, ya tenemos una nueva ‘facha’. Ahí vamos.
El malestar se ha instalado con fuerza en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tras la decisión judicial que afecta de lleno a la cúpula del departamento dirigido por Félix Bolaños. El titular de la cartera y su equipo se han revuelto de forma frontal contra la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, después de que esta haya admitido a trámite la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La causa judicial pone bajo la lupa la instrucción de la conocida como Ley de Nietos (vinculada a la Ley de Memoria Democrática), cuya aplicación amplió la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de aquellos ciudadanos que abandonaron el país entre 1936 y 1955, con independencia de los motivos de su marcha.
Descalificaciones desde el Ejecutivo
Pese a que la magistrada aún no ha citado a declarar formalmente a Puente como investigada —habiendo recabado previamente los informes pertinentes y a pesar de la oposición inicial del Ministerio Fiscal—, la respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar.
Fuentes oficiales del ministerio de Bolaños han descalificado la resolución judicial tachándola abiertamente de «actuación de la ultraderecha» cuyo único fin sería —según sostienen— minar la confianza en las instituciones democráticas. Desde el departamento gubernamental se ha lamentado que se utilicen los tribunales para «perseguir política, social y judicialmente contra cargos públicos», calificando el procedimiento legal de maniobra torticera destinada a intimidar a los valores progresistas.
Frente a las acusaciones, el Ministerio ha salido en absoluta defensa de la honorabilidad de Sofía Puente, recordando que el Ministerio Público ya se posicionó en contra y avalando la legalidad de la instrucción frente a lo que consideran intentos de recortar derechos.
Nuevo varapalo institucional en el Tribunal Constitucional
| Ámbito del Conflicto | Posicionamiento del Ejecutivo / Instituciones | Resolución Judicial o Institucional |
| Imputación de Sofía Puente | El Ministerio de Justicia tacha la causa de ataque ultraderechista. | Admisión a trámite de la querella por indicios de prevaricación. |
| Criterio sobre la Ley de Nietos | Defensa de la ampliación de nacionalidades a descendientes. | Investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción nº 35. |
| Recurso del Defensor del Pueblo | Demanda de levantamiento de medidas cautelares sobre el voto. | El Tribunal Constitucional rechaza el recurso y mantiene la suspensión. |
Rechazo al recurso del Defensor del Pueblo
Paralelamente a este frente judicial, la tensión institucional se ha trasladado al Tribunal Constitucional, donde se ha producido un inusual resquebrajamiento de los bloques de magistrados.
El tribunal de garantías ha rechazado el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo con el que se pretendía levantar la suspensión de las medidas cautelares que impiden votar a aquellos ciudadanos que no acrediten haber obtenido la nacionalidad estrictamente por la ley aprobada en las Cortes y no mediante el criterio de la instrucción investigada.
