La actuación policial junto a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz ha vuelto a poner en el punto de mira a la Delegación del Gobierno en Madrid. Un hombre que había instalado una tienda de campaña en las inmediaciones del cuartel general socialista tuvo que desmontarla el pasado lunes después de que la Policía Nacional le advirtiera de que podía ser desalojado y sancionado.
El episodio contrasta con la situación de la Puerta del Sol, donde varias tiendas permanecen instaladas desde el pasado 26 de septiembre. La diferencia de trato ha provocado las críticas del sindicato policial JUPOL, que denuncia una posible «doble vara de medir» en la gestión de las acampadas, en función del lugar donde se producen.
Según la información publicada por El Español, el manifestante había solicitado autorización para concentrarse e instalar una tienda entre las calles Buen Suceso y Marqués de Urquijo. La Delegación del Gobierno dio el visto bueno a la concentración, pero no aclaró expresamente si ese permiso incluía la posibilidad de permanecer acampado.
Con esa documentación, el hombre comenzó a montar su tienda en una esquina próxima a la iglesia donde se celebran habitualmente rezos. La situación motivó la intervención de los agentes, que solicitaron la presencia de la Policía Municipal para determinar si existía alguna infracción.
Una orden que acabó con la acampada
De acuerdo con las fuentes policiales citadas por El Español, la Policía Municipal consideró inicialmente que no había motivos para retirar la tienda ni iniciar un procedimiento sancionador. La decisión quedó entonces en manos de la Policía Nacional desplegada en la zona.
La situación cambió después de que los agentes comunicaran lo sucedido a la sala operativa del 091 y solicitaran instrucciones sobre la posibilidad de desalojar al manifestante y denunciarlo por una posible infracción administrativa. Según las fuentes consultadas por el periódico, los efectivos recibieron autorización para proceder.
La información atribuye la decisión a instrucciones procedentes de la Delegación del Gobierno, encabezada por el socialista Francisco Martín. No obstante, la responsabilidad administrativa de una eventual sanción corresponde a la autoridad competente, mientras que los agentes pueden denunciar los hechos si aprecian una posible infracción.
Finalmente, la advertencia policial surtió efecto. El hombre desmontó la tienda y abandonó el lugar voluntariamente, sin enfrentamientos y sin recibir ninguna multa.
JUPOL denuncia una «doble vara de medir»
El sindicato policial JUPOL ha cuestionado el contraste entre la intervención en Ferraz y la permanencia de las tiendas instaladas en la Puerta del Sol. Según la información publicada, esta última acampada tampoco contaría con una autorización expresa para permanecer allí durante semanas.
La comparación ha reavivado las críticas a la gestión de las protestas en la capital. Para el sindicato, lo sucedido plantea interrogantes sobre los criterios aplicados por la Delegación del Gobierno ante concentraciones que se desarrollan en escenarios diferentes.
La cuestión de fondo es si se están aplicando criterios homogéneos a la hora de determinar cuándo una concentración autorizada puede convertirse en una acampada susceptible de intervención policial. El permiso para manifestarse no implica automáticamente autorización para ocupar de forma continuada el espacio público con tiendas, aunque las circunstancias y la normativa aplicable deben examinarse en cada caso.
Por ahora, el resultado del episodio de Ferraz es claro: una tienda retirada tras una advertencia policial, un manifestante que se marchó sin resistencia y ninguna sanción. La comparación con Sol, donde las acampadas continúan, alimenta la polémica política y sindical sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid.
