La Guardia Civil ha registrado este jueves, 22 de octubre, dos instalaciones vinculadas a la ONG No Name Kitchen en Ceuta y ha detenido al menos a tres personas durante una operación relacionada con el presunto reparto de armas blancas y aerosoles de gas pimienta a inmigrantes que entraron irregularmente en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. La intervención, adelantada por El Pueblo de Ceuta, ha comenzado poco después de las seis de la madrugada y ha movilizado a efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).
La operación se ha desarrollado en una nave próxima a la Almadraba, junto a la subida hacia la avenida Reyes Católicos, y en una segunda instalación del polígono del Tarajal. Los registros cuentan con autorización judicial y tienen como objetivo esclarecer si personas vinculadas a la organización participaron en la distribución de material peligroso durante la crisis fronteriza del verano.
Aunque las detenciones se han producido durante el operativo contra instalaciones vinculadas a No Name Kitchen, todavía no se ha confirmado oficialmente la identidad de los arrestados ni su pertenencia a la organización.
La Guardia Civil registra No Name Kitchen en Ceuta por el presunto reparto de armas
Los agentes han acordonado los accesos a los inmuebles antes de proceder a su inspección, acompañados de personal judicial. El registro ha incluido distintas dependencias de las instalaciones, mientras los efectivos desplegados en el exterior controlaban los movimientos en las inmediaciones.
Según la información difundida por El Pueblo de Ceuta y recogida por The Objective, los investigadores tratan de determinar quién pudo facilitar armas blancas y aerosoles de defensa personal a inmigrantes que accedieron a territorio español durante las jornadas de finales de julio.
La operación ha dejado inicialmente tres detenidos, trasladados en vehículos oficiales de la Guardia Civil. Por el momento, no han trascendido los delitos concretos que se les atribuyen ni se ha confirmado públicamente la intervención de armas durante los registros.
Un juzgado ya investigaba denuncias sobre el suministro de artefactos a inmigrantes
La actuación policial llega después de que un juzgado de Ceuta admitiera a trámite, en septiembre, una querella presentada por Hazte Oír para investigar si responsables o integrantes de organizaciones humanitarias pudieron participar en la adquisición, fabricación o distribución de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases.
Según informó entonces El Pueblo de Ceuta, la magistrada María de la Luz Lozano acordó abrir diligencias y dar traslado al Ministerio Fiscal para que propusiera las actuaciones correspondientes. Entre las organizaciones mencionadas en las informaciones recogidas por la querella figuraba No Name Kitchen.
La entidad negó las acusaciones. La admisión de la querella no supone que los hechos denunciados estén probados y tampoco permite afirmar, sin una confirmación judicial adicional, que aquella investigación y los registros practicados este jueves formen parte del mismo procedimiento.
Los antecedentes de No Name Kitchen durante la crisis fronteriza
La ONG ya había protagonizado una controversia policial en agosto, cuando dos de sus voluntarios, de nacionalidades canadiense y alemana, fueron detenidos en Ceuta.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que los arrestados presuntamente habían alentado respuestas violentas contra los agentes y desobedecido sus instrucciones. No Name Kitchen rechazó esta versión y sostuvo que los activistas habían sido detenidos mientras documentaban una intervención policial.
Durante ese mismo mes también circularon acusaciones sobre la supuesta distribución de gas pimienta y la compra de materiales para fabricar artefactos caseros. El coordinador de la organización, Ric Fernández, negó que No Name Kitchen hubiera comprado o distribuido aerosoles de defensa personal.
La Policía Nacional comunicó entonces a medios de verificación que no disponía de información oficial que acreditara esas acusaciones. Los registros de este jueves representan un nuevo desarrollo policial, cuyo resultado deberá determinarse mediante las diligencias correspondientes.
Las colaboraciones de No Name Kitchen con otras organizaciones
No Name Kitchen mantiene relaciones de coordinación con distintas asociaciones que desarrollan actividades humanitarias en Ceuta.
En una entrevista publicada por El Pueblo de Ceuta durante el verano, su coordinadora local, Francesca Fusaro, explicó que trabajaban conjuntamente con entidades como Elín, Coordinadora de Barrios, Cruz Blanca y Mujeres en Zona de Conflicto para organizar el reparto de alimentos, ropa y otros recursos destinados a inmigrantes.
La organización también ha participado en iniciativas internacionales de denuncia de las políticas fronterizas. Según informaciones publicadas en septiembre, representantes de No Name Kitchen intervinieron en actividades ante Naciones Unidas junto a organizaciones como Novact e Irídia, dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, No Name Kitchen formó parte de Border Violence Monitoring Network, una red europea de documentación de actuaciones fronterizas que recibió financiación de Open Society Foundations para proyectos concretos. La propia ONG ha negado haber recibido financiación directa de esa fundación para sus actividades en Ceuta.
Estas colaboraciones forman parte de la trayectoria pública de la entidad, pero no acreditan que las organizaciones mencionadas estén relacionadas con los hechos investigados por la Guardia Civil.
La investigación continúa abierta
La operación de este jueves vuelve a situar a No Name Kitchen bajo la atención de los investigadores después de las controversias surgidas durante la crisis migratoria de julio.
Las próximas diligencias deberán esclarecer la identidad de los detenidos, su posible relación con la ONG y si existen pruebas materiales de la presunta distribución de armas blancas y gas pimienta.
Hasta que se conozcan esos resultados, la actuación policial confirma la existencia de registros judiciales y detenciones, pero no permite atribuir responsabilidades penales a la organización ni dar por demostrado el suministro de armas investigado.
