La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga el caso que amplíe las pesquisas sobre José Luis Rodríguez Zapatero por un posible delito de malversación relacionado con unas joyas encontradas en su despacho y cuyo valor preliminar asciende a 1.323.915 euros. El Ministerio Público considera que, si los objetos fueron recibidos como regalos institucionales durante su etapa como presidente del Gobierno, podrían haber pasado a formar parte del patrimonio público.

La petición figura en un informe fechado el 21 de octubre de 2026 y firmado por la fiscal Elena Lorente. La solicitud se basa en la propia explicación ofrecida por la defensa del expresidente, que atribuye parte de las joyas a un obsequio del entonces monarca saudí, Abdullah bin Abdulaziz.

Si el juez José Luis Calama acepta la petición de Anticorrupción, la investigación incorporará un quinto posible delito atribuido a Zapatero. Por el momento, el magistrado no ha adoptado una decisión definitiva y ha requerido a Patrimonio del Estado documentación sobre los regalos recibidos durante la etapa del expresidente en La Moncloa.

El juez reclama el acta de los regalos oficiales recibidos en La Moncloa

La respuesta judicial a la petición de la Fiscalía ha sido solicitar a la Subdirección General de Patrimonio del Estado una copia del acta de entrega de los obsequios institucionales. La providencia, dictada el viernes 23 de octubre, establece que la documentación debe remitirse cuanto antes y, en todo caso, en un plazo máximo de dos días.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) será la encargada de tramitar el requerimiento.

El documento solicitado, fechado el 1 de marzo de 2012, recoge la entrega al Patrimonio del Estado de los regalos recibidos por la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas de 2004-2008 y 2008-2011. Según la Fiscalía, las joyas localizadas posteriormente en el despacho utilizado por Zapatero no aparecen en esa relación.

Para Anticorrupción, este documento puede resultar determinante para esclarecer si los bienes debían haber sido incorporados al patrimonio público y por qué no figuran en el inventario de regalos entregados al Estado.

Zapatero atribuye las joyas a un regalo del rey de Arabia Saudí

La defensa del expresidente ha explicado que tres de las piezas de mayor valor, elaboradas con esmeraldas, rubíes y zafiros, procedían de un regalo del rey Abdullah de Arabia Saudí durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007.

Según el escrito presentado ante el juzgado, Zapatero habría aceptado las joyas como muestra de cortesía y en señal de agradecimiento y respeto hacia el monarca saudí.

Para respaldar esta versión, sus abogados han aportado dos cartas dirigidas al responsable de Protocolo de la Corte Real saudí, fechadas el 16 de junio y el 12 de agosto de 2026. La defensa también ha solicitado que se tramite una comisión rogatoria a Arabia Saudí con el objetivo de verificar el origen del obsequio.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a esta diligencia. La fiscal considera que no existe constancia de que las cartas fueran recibidas y cuestiona que las fechas aportadas puedan darse por válidas sin más comprobaciones. También pone en duda la utilidad de dirigirse a Arabia Saudí para investigar unos bienes que no fueron entregados en ese país y cuya atribución se vincula a un monarca fallecido.

Por este motivo, el Ministerio Público defiende que la investigación debe centrarse en España, concretamente en la documentación oficial de la Presidencia del Gobierno.

El inventario de 2012 no recoge las joyas investigadas

Uno de los elementos centrales del informe fiscal es el acta de entrega de regalos institucionales del 1 de marzo de 2012. En ese documento sí aparece un obsequio atribuido al mismo monarca saudí y vinculado a la misma visita oficial de junio de 2007: un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas.

No obstante, las joyas halladas años después en el despacho de Zapatero no figuran en el inventario aportado a la causa.

A partir de esta circunstancia, Anticorrupción sostiene que la explicación de la defensa apunta a que el expresidente recibió joyas de considerable valor mientras ocupaba la Presidencia del Gobierno, pero que esos objetos no fueron incluidos en la entrega formal al Patrimonio del Estado.

La Fiscalía considera que esta diferencia entre los regalos documentados y las piezas investigadas debe esclarecerse para determinar si pudo producirse una apropiación indebida de bienes públicos.

La Fiscalía sostiene que podría existir un delito agravado de malversación

El informe de Anticorrupción recuerda que el Código de Buen Gobierno aprobado en 2005, durante el mandato de Zapatero, establecía que los regalos institucionales de especial relevancia debían incorporarse al patrimonio estatal.

La fiscal fundamenta su interpretación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sostiene que la recepción de las joyas en La Moncloa podría haberles otorgado carácter público. Desde esa perspectiva, la posible irregularidad estaría relacionada con su exclusión de la entrega formal realizada en marzo de 2012.

La Fiscalía plantea que los hechos podrían encajar en la modalidad agravada del delito de malversación, que contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de inhabilitación absoluta de diez a veinte años.

Esta calificación jurídica se formula, según el propio informe, tomando como referencia la versión de los hechos ofrecida por la defensa. Será el juez quien deba valorar las pruebas y decidir si procede ampliar la investigación por este delito.

¿Ha prescrito el posible delito de malversación?

Otro de los aspectos analizados por Anticorrupción es el plazo de prescripción. De acuerdo con la calificación penal planteada en el informe, el plazo aplicable sería de quince años.

La Fiscalía toma como referencia el 1 de marzo de 2012, fecha en la que se formalizó la entrega de los regalos institucionales al Patrimonio del Estado. Con ese punto de partida, considera que el posible delito no estaría prescrito, en principio, en octubre de 2026.

La determinación definitiva del plazo dependerá de la calificación jurídica de los hechos y de las circunstancias que se acrediten durante la investigación judicial.

Las joyas fueron localizadas durante el registro del despacho de Ferraz

El origen de estas diligencias se encuentra en el registro practicado el 19 de mayo de 2026 en la oficina utilizada por Zapatero, situada en el número 35 de la calle Ferraz, en Madrid. Durante la intervención, los agentes localizaron las joyas en una caja fuerte.

El 12 de junio de ese mismo año, el juez Calama abrió una pieza separada para investigar específicamente estos bienes y amplió la investigación a posibles delitos de contrabando y fraude fiscal.

Esta línea de investigación está relacionada con el caso Plus Ultra, en el que el magistrado analiza posibles actuaciones de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculadas a la aerolínea que recibió un rescate con fondos públicos. En esa causa, la Fiscalía también había solicitado investigar un posible delito de organización criminal.

La petición relativa a las joyas añade ahora una nueva vertiente judicial al procedimiento y sitúa en el centro de las pesquisas la procedencia de las piezas, su posible carácter institucional y su ausencia en el inventario de regalos oficiales.

La explicación sobre el origen de las joyas abre una nueva línea de investigación

La defensa de Zapatero ha sostenido que las piezas procedían de un regalo del monarca saudí. Sin embargo, la Fiscalía considera que esa explicación obliga a examinar si el obsequio debía haberse incorporado al patrimonio público y si se cumplió con las obligaciones aplicables a los regalos institucionales.

La solicitud de Anticorrupción no implica que exista una condena ni que el juez haya aceptado ya la nueva calificación penal. La decisión judicial dependerá del análisis de la documentación requerida y del resto de las diligencias que se practiquen.

Mientras tanto, el acta de 2012 se perfila como uno de los documentos clave para aclarar qué regalos fueron entregados oficialmente al Estado y si las joyas investigadas debían haber figurado en esa relación.

La investigación continúa abierta y el posible delito de malversación queda pendiente de la decisión del magistrado y de la valoración de las pruebas disponibles.