El PP ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que obligue al Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, a garantizar que los españoles de Caracas puedan votar el 29-N. Según informa The Objective, el partido ha presentado un recurso ante la JEC para reclamar un informe urgente sobre el local designado como punto de depósito del voto en la capital venezolana y la apertura de centros adicionales. La información se basa en las denuncias del PP y no recoge respuesta de Exteriores ni de Albares.
El problema: una sede provisional tras los terremotos
Tras los terremotos del 24 de junio de 2026, que dañaron la sede diplomática de la Torre España, la embajada y el consulado se trasladaron de forma temporal a la Quinta Marmolejo, en la avenida Mohedano de La Castellana, en Caracas. El PP sostiene que ese local tiene "importantes limitaciones" de acceso, aforo, infraestructura y seguridad, que podrían afectar a la votación prevista entre el 21 y el 26 de noviembre.
El partido sostiene que la debilidad de la conexión a internet podría bloquear el acceso a los sistemas necesarios para imprimir documentos electorales, como los certificados de inscripción consular y la documentación de voto. Los electores podrían quedarse sin poder completar los trámites. Según el PP, el ministerio mantuvo la Quinta Marmolejo como lugar de votación en una resolución publicada en el BOE el 10 de octubre.
Lo que reclama el PP
El recurso solicita que Exteriores informe de las características del local y garantice medios efectivos para que los electores del distrito consular puedan votar, incluyendo acceso constante a internet y los sistemas informáticos para entregar papeletas, sobres y certificados de inscripción duplicados. También pide habilitar uno o varios centros de votación adicionales en Caracas que cumplan los requisitos de espacio, seguridad, accesibilidad y equipamiento. El partido menciona expresamente las ofertas de Feceve, que gestiona centros españoles en la ciudad, y las propuestas del Consejo de Residentes Españoles.
Sindicatos y asociaciones también avisan
El PP no es el único que alerta. Según el texto, los sindicatos del consulado (CCOO, UGT y CSIF) y las asociaciones Somos Españoles Unidos y Feceve han señalado que, en las condiciones actuales, la votación no podría desarrollarse con normalidad en esa sede. El artículo no detalla sus declaraciones.
El voto exterior, en el centro del debate
El movimiento se enmarca en la ofensiva del PP sobre el voto exterior. Fuentes del partido aseguran que no van a "dejar pasar ni una" en este asunto, que se centra en la limpieza y la transparencia del voto en el extranjero y en la llamada ley de nietos, hoy suspendida por el Tribunal Supremo. El PP ha acusado además a Exteriores de "desobediencia" por la suspensión de esa ley en otra información relacionada.
LaBandera ya ha informado de cómo Vox consiguió que el Supremo frenara las altas electorales de la ley de nietos y de que dieciséis embajadas quitan el correo certificado al voto CERA de millones de electores del 29-N.
Un derecho en juego para los españoles de Venezuela
El voto de los residentes en el exterior depende de que el consulado pueda tramitar con rapidez los certificados de inscripción, entregar papeletas y sobres y recoger el voto en una sede accesible y segura. Si el local no reúne esas condiciones, el riesgo no es solo un problema logístico: es que un número indeterminado de electores no llegue a votar. Por eso el PP reclama que la Junta Electoral exija al ministerio un informe urgente y medidas alternativas antes de que arranque el periodo de votación, en lugar de esperar a que los problemas aparezcan sobre el terreno.
Qué falta por saber
De momento no hay una respuesta pública de Albares ni de Exteriores a las alegaciones del PP, ni consta cuándo resolverá la JEC. La cuestión tiene una fecha límite clara, porque la votación en el exterior empieza el 21 de noviembre. Si las condiciones de la sede son las que denuncian el PP, los sindicatos y las asociaciones, el Gobierno tendrá que explicar cómo piensa garantizar un derecho fundamental a los españoles que viven en Caracas.
