El caso del desahucio de una familia extranjera, por el aspecto presuntamente de origen magrebí, con seis menores en el barrio de Sansomendi, en Vitoria, vuelve a poner sobre la mesa las contradicciones del sistema de ayudas públicas y las dificultades de acceso a la vivienda. Como dicen en redes, son el caldo de votos para Pedro Sánchez.
El Ayuntamiento de la capital alavesa ha descartado adjudicarles directamente un piso municipal después de constatar que perciben 2.454,18 euros mensuales en prestaciones públicas, que rechazaron una alternativa de acogida ofrecida por los servicios sociales y que conocían desde octubre de 2019 que el propietario necesitaba recuperar el inmueble para uso familiar.
Según la información publicada por El Diario Vasco, un informe municipal concluye que el caso no constituye una emergencia sobrevenida que justifique una adjudicación extraordinaria de vivienda. La Administración sostiene que los afectados disponían de tiempo para buscar una alternativa habitacional y que no siguieron las pautas de inserción laboral y búsqueda de alojamiento planteadas por los técnicos.
La cifra de las ayudas resulta especialmente relevante en un contexto en el que miles de familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y acceder a un alquiler. Los ingresos señalados en el informe proceden del Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Económica de Vivienda y complementos a la infancia. A estas prestaciones se suman ayudas de emergencia y asistencia del Banco de Alimentos. En definitiva, 2.500 mensuales "por la patilla", como destacan en redes.
El propietario también es vulnerable
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la situación del propietario del inmueble. Según el citado periódico, el dueño vive de alquiler en una habitación junto a su mujer embarazada y su hijo, y ha sido declarado vulnerable tanto social como económicamente.
La disputa judicial entre ambas partes se remonta a 2021, aunque la familia supuestamente de origen magrebí desalojada conocía desde octubre de 2019 que el propietario no renovaría el alquiler porque necesitaba la vivienda para su propia familia. El procedimiento se ha prolongado durante años hasta desembocar en el lanzamiento judicial ejecutado este viernes.
Rechazo del alojamiento y un viaje de 38 días
El informe municipal también recoge que los servicios sociales ofrecieron a la familia una plaza de acogida de urgencia y carácter provisional. Sin embargo, el solicitante rechazó firmar el recibí de la notificación y llevarse el documento, por lo que el Ayuntamiento optó por enviarlo mediante correo certificado.
Además, el documento señala que la familia pasó 38 días en su país de origen durante el verano de 2026. Según el informe, esta ausencia interrumpió la búsqueda activa de empleo y vivienda y dio lugar a una penalización de 354,74 euros en una de sus prestaciones.
Estos elementos han pesado en la decisión municipal de no conceder una vivienda por la vía extraordinaria. El Consistorio considera que los ingresos de la unidad familiar permiten afrontar una alternativa temporal por sus propios medios, aunque deja abierta la posibilidad de valorar su ingreso en el Centro Municipal de Urgencia Social si se produce una situación de necesidad extrema.
El Ayuntamiento se desmarca de la adjudicación de un piso
En un comunicado, el Gobierno municipal de Maider Etxebarria ha confirmado que ofreció a la familia «la única alternativa posible disponible», consistente en una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que fue rechazada.
El Ayuntamiento recuerda que los servicios sociales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente y asegura que continuará trabajando dentro de sus competencias para ofrecer una respuesta ajustada a las necesidades de los afectados.
