La Coruña ha vivido y sigue viviendo a estas horas una jornada de tensión y violencia callejera que fue mucho más allá de los enfrentamientos registrados al mediodía en la plaza de María Pita.
Lo que comenzó con una protesta contra el acto de Santiago Abascal terminó derivando, según las informaciones disponibles, en nuevas concentraciones, lanzamientos de bengalas, barricadas, incendios de contenedores y graves daños en distintas zonas de la ciudad. La escalada de los incidentes ha puesto bajo el foco la actuación de los responsables políticos de Interior y de la Delegación del Gobierno en Galicia.
Los primeros altercados se produjeron durante la mañana del miércoles 21 de octubre, cuando la protesta contra el líder de VOX, Santiago Abascal, desembocó en enfrentamientos con la Policía Nacional. La intervención de los antidisturbios terminó con detenidos y numerosos heridos.
Según las informaciones publicadas durante la jornada, doce agentes resultaron lesionados, mientras que solo dos personas fueron detenidas por presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos.
Pero la tensión no terminó cuando se despejó María Pita. Por la tarde, cientos de personas comenzaron a concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno para reclamar la libertad de los detenidos. La movilización fue creciendo hasta reunir a miles de participantes, según las distintas crónicas, y acabó registrando nuevos enfrentamientos.
Bengalas contra la Policía y barricadas en pleno centro
Tras un periodo de aparente calma, algunos participantes lanzaron objetos y bengalas contra los agentes, lo que provocó una nueva intervención policial. La situación se agravó cuando grupos de manifestantes se desplazaron hacia la zona del Obelisco, donde comenzaron a volcar contenedores y vallas e intentaron levantar barricadas ante los efectivos desplegados.
También se registraron incendios de elementos del mobiliario urbano. Los agentes siguieron a los grupos por distintas calles hasta las proximidades de Compostela, mientras se comunicaban nuevas quemas de contenedores en el cruce de Juan Flórez con Sinfónica de Galicia y en vías adyacentes.
La zona de obras de los Cantones quedó con vallas derribadas y desperfectos. La sucesión de incidentes convirtió varias áreas de la ciudad en escenarios de disturbios y afectó a la actividad cotidiana, incluidos los establecimientos comerciales de las zonas donde se concentraron los manifestantes.
Y la violencia todavía no había terminado. Durante la madrugada se comunicaron nuevos incendios de contenedores en el entorno de San Pablo, mientras la Policía Nacional trataba de recuperar el control de la situación.
Los sindicatos policiales señalan a Marlaska y al delegado del Gobierno
La actuación de los responsables políticos ha quedado en el centro de la polémica. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) respaldó públicamente la intervención de los antidisturbios y reclamó que se depuren responsabilidades por lo sucedido.
JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP) fueron más allá y exigieron la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La CEP reclamó también la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la planificación del dispositivo puso en riesgo la integridad física de los agentes.
«No se puede poner en peligro la integridad física de los policías por una decisión política mal planificada», denunciaron desde el ámbito sindical, según las declaraciones difundidas durante la jornada. El Español recogió las exigencias de los sindicatos y sus críticas al dispositivo.
Las organizaciones policiales cuestionan la planificación y los medios disponibles para afrontar una movilización que terminó con agentes heridos y graves alteraciones del orden público. La controversia se centra ahora tanto en la respuesta policial como en las decisiones previas que permitieron que la jornada acabara con semejante nivel de tensión.
La pregunta política: ¿dónde está la condena de Marlaska?
La gravedad de los episodios obliga a exigir explicaciones. Quemar contenedores, arrojar bengalas contra los agentes, levantar barricadas y destrozar mobiliario urbano no son formas legítimas de ejercer el derecho de manifestación. Quienes cometen esos actos deben responder individualmente ante la Justicia, con las garantías legales correspondientes.
La crítica política se dirige también hacia Marlaska. En el momento de redactar esta información, no consta una condena pública del ministro a la sucesión de incendios y ataques descritos en los términos señalados. Esa ausencia de una condena expresa, si se mantiene, alimentará las preguntas sobre la posición del Ministerio del Interior ante la violencia callejera y sobre las garantías que se ofrecen a los agentes encargados de proteger a los ciudadanos.
El derecho a manifestarse no ampara la agresión, el incendio ni la destrucción de bienes públicos y privados. Tampoco puede convertirse en una excusa para intimidar a quienes sostienen posiciones políticas distintas.
La Coruña necesita recuperar la normalidad, esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en los actos violentos. Y los policías que tuvieron que enfrentarse a una noche de bengalas, barricadas y contenedores en llamas merecen que su actuación sea evaluada con rigor, sin convertirlos en moneda de cambio de la confrontación política.
La cuestión que queda abierta es si el Gobierno exigirá responsabilidades a los autores de los disturbios y revisará la planificación del dispositivo o si la polémica terminará diluyéndose entre reproches políticos mientras los daños y los incidentes quedan atrás.
