El Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox que solicita al Gobierno de España establecer la denominada «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda social, protegida y a las ayudas públicas relacionadas con este ámbito. La propuesta también incluye medidas para impulsar la repatriación de migrantes en situación irregular y la deportación de extranjeros en determinados supuestos.

La iniciativa ha salido adelante con 63 votos a favor y 41 en contra, gracias al respaldo del Partido Popular de Andalucía (PP-A) y Vox. El resto de los grupos de la oposición ha votado en contra del texto.

La propuesta insta al Ejecutivo central a priorizar a los ciudadanos españoles en el acceso a viviendas protegidas y a las prestaciones públicas vinculadas a la vivienda. Además, reclama la devolución a sus países de origen de las personas extranjeras que hayan entrado o permanezcan en España de manera irregular.

Vox plantea dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda

Durante el debate parlamentario, el diputado de Vox Ricardo López ha defendido la iniciativa y ha señalado la diferencia entre la oferta de viviendas y la demanda existente. Según sus declaraciones, el déficit alcanza las 750.000 viviendas.

El parlamentario ha vinculado las dificultades para acceder a una vivienda con las políticas migratorias del Gobierno central y ha criticado lo que considera un efecto llamada derivado de la gestión de la inmigración.

López ha defendido que las medidas propuestas responden a una cuestión económica y no a motivos xenófobos. También ha cuestionado la política estatal de vivienda y ha acusado a determinados dirigentes políticos de mantener un nivel de vida alejado de las dificultades que afrontan muchas familias para encontrar un hogar.

La PNL solicita, además, que el Gobierno impulse cambios en las políticas de vivienda para facilitar el acceso a los ciudadanos españoles, especialmente a los jóvenes y a las familias con menos recursos económicos.

La iniciativa reclama la repatriación y deportación de extranjeros en determinados casos

Uno de los puntos centrales de la propuesta de Vox es la petición de que el Gobierno central proceda a la repatriación de las personas inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma irregular.

El texto también plantea la remigración de extranjeros que, según la formulación de la iniciativa, pretendan mantenerse mediante ayudas sociales y recursos públicos sin contribuir a la economía nacional con su trabajo.

Asimismo, la formación solicita la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos graves, conviertan los delitos leves en una actividad habitual o pretendan imponer costumbres y prácticas que la propuesta considera incompatibles con las existentes en España.

Estas medidas forman parte de una iniciativa parlamentaria no legislativa que reclama al Ejecutivo central cambios en sus políticas. Su aprobación en el Parlamento andaluz no implica, por sí sola, que las medidas propuestas entren automáticamente en vigor.

El PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía critican la propuesta

Los grupos de la oposición han rechazado la iniciativa y han cuestionado tanto su planteamiento migratorio como su alcance en materia de vivienda.

El diputado del PSOE-A Daniel Pérez ha criticado que la propuesta se centre en la deportación, la repatriación y la remigración, en lugar de concretar medidas directas para ampliar el parque de viviendas o mejorar las ayudas al alquiler.

El socialista ha calificado el planteamiento de «odio y xenofobia» y ha reprochado a Vox que no detalle actuaciones concretas para facilitar el acceso a una vivienda. También ha cuestionado la falta de propuestas del Gobierno andaluz y ha recordado el rechazo de Vox a determinados reales decretos del Ejecutivo central relacionados con la protección frente a los desahucios.

Por su parte, el parlamentario de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha reivindicado la contribución histórica de la población migrante a la sociedad andaluza. También ha señalado las dificultades que afrontan algunas personas extranjeras para acceder a una vivienda digna.

Rodrigo ha acusado a Vox de responsabilizar a la inmigración de problemas sociales que, a su juicio, tienen otras causas. Además, ha apuntado al papel de los fondos de inversión en la adquisición de viviendas en Andalucía.

En la misma línea, el diputado de Por Andalucía Ernesto Alba ha criticado la especulación inmobiliaria y el respaldo del PP a la iniciativa de Vox. Alba ha advertido de que, en su opinión, el discurso de la formación de ultraderecha favorece el señalamiento de las personas con menos recursos y alimenta la confrontación por motivos económicos y raciales.

El PP defiende su apoyo y responsabiliza al Gobierno central

El diputado del grupo popular Manuel García Delgado ha defendido el respaldo del PP-A a la proposición no de ley y ha responsabilizado al Gobierno de España de la situación del mercado de la vivienda.

Frente a las críticas de la oposición, el representante popular ha reivindicado las políticas desarrolladas por la Junta de Andalucía y ha defendido la necesidad de aumentar la oferta de viviendas asequibles, reducir las trabas administrativas y ampliar las ayudas dirigidas a las familias.

El PP-A sostiene que el compromiso de las administraciones debe centrarse en mejorar las posibilidades de acceso a una vivienda para los ciudadanos andaluces, mientras que los grupos contrarios a la PNL cuestionan que las medidas planteadas por Vox respondan a las principales causas de las dificultades residenciales.

Vox propone limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes

La proposición no de ley incluye distintas medidas fiscales y regulatorias relacionadas con la adquisición de inmuebles por parte de compradores extranjeros.

Entre sus principales demandas figura la creación de una fiscalidad diferenciada para los compradores procedentes de países de fuera de la Unión Europea. Vox plantea destinar los ingresos obtenidos mediante esta vía a bonificaciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de viviendas protegidas.

La formación también reclama explorar mecanismos para limitar la demanda extranjera no residente, al considerar que contribuye al incremento de los precios inmobiliarios y dificulta la emancipación de los jóvenes y la estabilidad residencial en distintas localidades españolas.

Otra de las propuestas consiste en impulsar reformas legales para eliminar las cargas fiscales asociadas a la adquisición de una primera vivienda habitual por parte de ciudadanos españoles, tanto si se trata de un inmueble nuevo como de segunda mano.

El texto solicita, asimismo, revisar los impuestos y tasas autonómicos y municipales que afectan a la construcción. El objetivo planteado es suprimir o reducir aquellos costes que repercuten en el precio final de las viviendas.

Más construcción de vivienda nueva y protegida

La iniciativa de Vox también reclama un aumento sostenido de la construcción de vivienda nueva mediante la ampliación del suelo disponible, la agilización de los procedimientos administrativos y la eliminación de obstáculos regulatorios que, según la formación, dificultan el desarrollo del sector inmobiliario.

Además, propone facilitar instrumentos de financiación para promotores y constructores nacionales y reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas.

En materia de vivienda protegida y social, la PNL plantea incrementar la construcción de inmuebles destinados a la compra o al alquiler con opción a compra. La propuesta pone especial énfasis en los jóvenes, las familias con menos ingresos y las personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

Vox también defiende un modelo de alquiler que combine la seguridad jurídica de los propietarios y las garantías de cobro con la asequibilidad y la estabilidad residencial de los inquilinos.

Cambios en el empadronamiento y desalojos en un máximo de 24 horas

Otro de los apartados de la propuesta se centra en la ocupación ilegal de viviendas. Vox solicita modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y otras normas para impedir el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente y evitar que esa inscripción genere derechos o beneficios derivados de dicha situación.

La iniciativa incluye también la petición de impulsar reformas legales que permitan desalojar a los ocupantes ilegales y devolver los inmuebles a sus propietarios legítimos en un plazo máximo de 24 horas.

Estas medidas se suman al conjunto de propuestas fiscales, migratorias y urbanísticas incluidas en la PNL, que el Parlamento andaluz ha respaldado con los votos del PP-A y Vox.

La aprobación de la iniciativa sitúa nuevamente en el centro del debate político andaluz el acceso a la vivienda, la inmigración, la fiscalidad inmobiliaria y las diferencias entre los grupos parlamentarios sobre las medidas necesarias para afrontar los problemas residenciales.