La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado importantes discrepancias en la documentación contable del PSOE tras comparar los registros entregados por la formación política con los remitidos por el Tribunal de Cuentas a la Audiencia Nacional. Entre las irregularidades detectadas figuran facturas que no aparecen en los documentos presentados por el partido y justificantes cuyos conceptos resultan difíciles de interpretar.
Según fuentes de la investigación citadas por EL MUNDO, los agentes llevan semanas examinando de forma detallada la información económica incorporada a la causa que investiga una posible financiación irregular del PSOE. Las diferencias encontradas han llevado a los investigadores a profundizar en el origen de estas anomalías y en la posible existencia de movimientos económicos que no estarían suficientemente justificados.
La investigación de la UCO detecta irregularidades en la contabilidad del PSOE
El análisis de la documentación ha permitido identificar dos tipos de incidencias. Por una parte, los investigadores han observado la ausencia de determinadas facturas relacionadas con los gastos del partido en los archivos que el PSOE entregó al órgano judicial. Por otra, han localizado justificantes contables cuyo contenido no permite identificar con claridad los conceptos facturados, lo que plantea dudas sobre su validez.
La investigación continúa abierta y, por el momento, los agentes tratan de esclarecer las causas de estas diferencias documentales.
Las pesquisas se desarrollan en una causa que permanece bajo secreto de sumario y que está dirigida por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El juez reclama información sobre los pagos en efectivo entre 2017 y 2024
Al comienzo de la instrucción, el juez solicitó al PSOE que entregara, en un plazo de diez días, la relación de pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024, junto con los documentos justificativos correspondientes.
Esta decisión se produjo después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios de falta de control sobre el dinero en efectivo gestionado en la sede socialista de Ferraz, dentro de las actuaciones relacionadas con el denominado caso mascarillas.
Posteriormente, el magistrado requirió al Tribunal de Cuentas la documentación contable que el partido había presentado ante este organismo fiscalizador, incluidas las aportaciones económicas recibidas.
El propósito de ambas diligencias es contrastar los datos disponibles y comprobar si los movimientos de dinero registrados en la contabilidad coinciden con los justificantes aportados por la formación política.
El presunto sistema de pitufeo, bajo la lupa de la Audiencia Nacional
Uno de los principales objetivos de la investigación es esclarecer el posible funcionamiento de un mecanismo conocido como pitufeo, término utilizado para describir determinadas operaciones de fragmentación o canalización de fondos destinadas a dificultar el seguimiento de su procedencia.
En esta causa se examinan tanto los pagos en efectivo que presuntamente se realizaban en Ferraz durante la etapa en la que José Luis Ábalos ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE como las donaciones de empresarios que podrían haber servido para financiar al partido de manera irregular.
La Audiencia Nacional también ha centrado su atención en las aportaciones recibidas por la formación entre 2017 y 2024, para lo que ha solicitado documentación adicional al PSOE.
La hipótesis que estudian el magistrado Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción es que determinadas donaciones podrían haber encubierto pagos relacionados con la adjudicación presuntamente irregular de contratos públicos a empresas constructoras.
Cómo se habría desarrollado el supuesto circuito del dinero
De acuerdo con la hipótesis investigada, los fondos procedentes de determinadas aportaciones empresariales habrían ingresado inicialmente en la cuenta destinada a las donaciones del partido. Posteriormente, el dinero se habría transferido a la cuenta ordinaria de funcionamiento, utilizada para abonar gastos como viajes, dietas y otras actividades.
Este recorrido podría haber permitido incorporar los fondos al circuito financiero habitual de la formación política. No obstante, se trata de una línea de investigación que deberá contrastarse con las pruebas documentales y las declaraciones incorporadas al procedimiento.
Víctor de Aldama apunta a pagos de constructoras por contratos públicos
El empresario Víctor de Aldama constituye una de las fuentes de información de esta pieza judicial. Según lo publicado por EL MUNDO, Aldama ha comparecido en dos ocasiones ante el juez y ha reiterado afirmaciones que ya había expuesto durante el procedimiento celebrado en el Tribunal Supremo relacionado con José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
En su declaración, el empresario sostuvo que ambos le habrían solicitado localizar constructoras de confianza para obtener adjudicaciones públicas presuntamente amañadas a cambio de comisiones que, según su versión, terminarían destinadas a financiar al PSOE.
Aldama afirmó haber canalizado pagos por valor de 1,8 millones de euros entre 2019 y 2020 y mencionó a empresas constructoras como Levantina. También habría aportado listados de adjudicaciones con anotaciones manuscritas atribuidas a Koldo García para respaldar sus manifestaciones.
Estas declaraciones forman parte del material que examinan los investigadores, pero las acusaciones deben distinguirse de los hechos que hayan quedado acreditados judicialmente.
La investigación también examina posibles fondos procedentes del petróleo venezolano
La causa secreta de la Audiencia Nacional no se limita a las posibles donaciones empresariales. Los investigadores también analizan si determinados negocios internacionales relacionados con el petróleo venezolano pudieron utilizarse para captar o transferir fondos destinados presuntamente a financiar al PSOE.
Según informaciones publicadas por EL MUNDO, la Justicia está rastreando cientos de mensajes intercambiados entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, mediante la aplicación de mensajería cifrada Threema.
Las comunicaciones investigadas abordarían operaciones de compraventa de grandes cantidades de crudo y posibles mecanismos de pago en terceros países, entre ellos Rusia, con el objetivo de sortear las sanciones internacionales impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.
El alcance de estas operaciones y su eventual conexión con la financiación del partido forman parte de las cuestiones que todavía deben esclarecerse.
Un contrato bajo sospecha para justificar transferencias de fondos
Entre la documentación analizada por el instructor y la Policía Judicial figura, según la información publicada, un contrato que se considera ficticio y que habría sido firmado por Francisco Flores, empresario venezolano relacionado con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, y por el propio Víctor de Aldama.
El documento vinculaba a la sociedad Apamate, asociada a Flores, con Deluxe Fortune, empresa relacionada con Aldama. De acuerdo con la investigación periodística, este acuerdo habría servido para dar cobertura documental a transferencias de dinero procedente de negocios petroleros hacia España.
Aldama habría declarado que, una vez recibidos los fondos en territorio español, retiró parte del dinero en efectivo y realizó entregas personales a José Luis Ábalos y Koldo García con la supuesta finalidad de financiar al partido.
Estas manifestaciones deberán ser contrastadas con el resto de las pruebas y con las conclusiones que alcancen los órganos judiciales.
La investigación sobre la financiación del PSOE continúa abierta
La detección de facturas ausentes y justificantes contables difíciles de interpretar añade una nueva línea de análisis a la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE.
La comparación entre los documentos del partido y los registros remitidos por el Tribunal de Cuentas busca determinar si existen diferencias explicables por errores administrativos o si, por el contrario, responden a movimientos económicos que requieren una investigación más profunda.
Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional continúa examinando las donaciones recibidas por el PSOE, los pagos en efectivo, las declaraciones de Víctor de Aldama y las posibles conexiones con operaciones petroleras en Venezuela.
El desarrollo de estas diligencias permitirá determinar si las anomalías detectadas tienen relevancia penal y si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades. Hasta que se produzcan resoluciones judiciales firmes, las posibles irregularidades y las acusaciones formuladas en el procedimiento deben considerarse objeto de investigación.
