La violencia política vuelve a situar a Vox en el centro de la polémica. Más de 300 radicales, según la información confirmada por distintos medios, se habrían concentrado este viernes en Mahón (Menorca) para acosar la salida de Santiago Abascal tras el mitin celebrado por el presidente de VOX del que hemos dado cuenta en LA BANDERA.
La protesta terminó de los radicales violentos con golpes contra la furgoneta en la que se desplazaba el dirigente, según las imágenes difundidas por redes sociales.
Los hechos vuelven a encender las alarmas en una precampaña electoral que desembocará en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ocurrido en Menorca plantea una pregunta incómoda: ¿puede un partido recorrer España defendiendo sus propuestas sin que sus actos se conviertan en escenarios de intimidación y hostigamiento?
Ausencia de protección policial
Según la información difundida, los manifestantes arremetieron contra el vehículo de Abascal cuando concluía el acto, en un contexto que VOX considera marcado por una protección policial insuficiente. La cifra de participantes y las circunstancias concretas de los incidentes deberán contrastarse con fuentes oficiales, pero las imágenes de los golpes contra la furgoneta han vuelto a poner el foco sobre la hostilidad que rodea algunos actos de la formación.
La libertad de expresión y de reunión constituyen pilares básicos de cualquier democracia. Protestar contra un partido es legítimo; tratar de impedir por la fuerza que sus representantes puedan ejercer sus derechos es otra cuestión completamente distinta. Ninguna discrepancia ideológica justifica las amenazas, los daños materiales ni el intento de amedrentar a dirigentes y simpatizantes.
La violencia no puede convertirse en una herramienta política
El episodio de Mahón se produce después de los incidentes registrados durante el acto de VOX en La Coruña, donde la formación denunció insultos, lanzamiento de objetos y altercados en el marco de una contramanifestación. La organización sostiene que estos episodios forman parte de un clima de hostilidad que dificulta el desarrollo normal de sus actos públicos.
VOX ha anunciado acciones judiciales contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Vázquez, y contra los responsables de la contramanifestación vinculada a Galiza Nova.
La querella, presentada este viernes, atribuye posibles responsabilidades penales y administrativas relacionadas con la organización y las condiciones en las que se desarrollaron las concentraciones. Esas acusaciones deberán ser examinadas por los tribunales y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
La formación sostiene que las autoridades conocían la convocatoria de su acto y que permitir una contramanifestación en el mismo espacio generó riesgos que, a su juicio, no se gestionaron adecuadamente. Corresponderá a la Justicia determinar si existieron responsabilidades y si las medidas de seguridad fueron suficientes.
El Gobierno, bajo la presión de las preguntas
La sucesión de incidentes obliga a exigir explicaciones sobre la protección de los actos electorales al Gobierno de Pedro Sánchez que lo tolera. La responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de todos los participantes corresponde a las autoridades competentes, con independencia de la ideología de quienes se concentren.
El Gobierno debe aclarar qué medidas se adoptaron para proteger a los asistentes y evitar que una protesta derivase en agresiones contra vehículos o personas. Si se demuestra que hubo fallos en el dispositivo, deberán depurarse las responsabilidades correspondientes. Lo que no resulta aceptable es que la violencia termine condicionando quién puede hacer campaña y dónde puede hacerlo.
En una democracia, las ideas se combaten con argumentos, votos y leyes, no con golpes de energúmenos contra una furgoneta ni mediante el hostigamiento de quienes piensan diferente.
