El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en la controversia sobre la aplicación de la Ley de Nietos y ha puesto el foco en una cuestión de enorme trascendencia política: la necesidad de identificar a los beneficiarios de la instrucción que permite acceder a la nacionalidad española. El auto judicial conocido este viernes ha provocado una contundente reacción de VOX, que lleva tiempo denunciando posibles irregularidades y reclamando mecanismos de control para evitar que el procedimiento pueda alterar el censo electoral sin las debidas garantías.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha difundido los datos que, según afirma, recoge la resolución judicial: de 31.390 expedientes revisados, únicamente se habrían expedido 91 certificados, lo que representa aproximadamente el 0,29% del total. Buxadé ha calificado la situación de «un puñetero escándalo» y ha denunciado lo que considera un «fraude de ley» y un posible «fraude electoral a plazos».
Las cifras divulgadas por el dirigente de VOX abren interrogantes sobre el alcance de la revisión administrativa y la situación de los expedientes examinados. No obstante, el porcentaje de certificados expedidos, por sí solo, no demuestra que el resto de los procedimientos sean fraudulentos ni que sus solicitantes incumplan los requisitos legales.
VOX exige conocer quiénes son los beneficiarios
Uno de los aspectos que Buxadé considera fundamentales es la exigencia de una relación nominal de las personas beneficiarias de la instrucción. Según ha señalado, el auto del Supremo reclama a la Administración esa información, una petición que Vox asegura haber formulado reiteradamente.
El dirigente sostiene que disponer de esa relación permitiría a los interventores y apoderados de VOX y de otras formaciones políticas comprobar la situación de los beneficiarios y verificar, en el marco legal correspondiente, las garantías del escrutinio electoral.
«Lo mínimo en una democracia es tener orden en el censo», ha defendido Buxadé, que también ha anunciado la intención de su partido de revisar los expedientes si consigue una mayoría parlamentaria suficiente. «No tengo ninguna duda de que ni el 1% de los ya inscritos cumple las condiciones de la Ley», ha afirmado, una acusación que deberá contrastarse con los datos oficiales y las comprobaciones administrativas pertinentes.
Vox sostiene que la concesión de nacionalidades debe ajustarse estrictamente a los requisitos legales y que no puede existir ninguna duda sobre la limpieza de los procedimientos que puedan tener consecuencias electorales. La formación considera imprescindible conocer la identidad de los beneficiarios y comprobar que las inscripciones se han producido conforme a derecho.
La sombra de la sospecha sobre el censo electoral
La controversia adquiere una dimensión política especial por las consecuencias que puede tener la adquisición de la nacionalidad española para el derecho de sufragio. Quienes obtienen la nacionalidad y cumplen los requisitos electorales pueden llegar a incorporarse al censo, por lo que VOX reclama transparencia sobre los procedimientos administrativos y garantías suficientes para su fiscalización.
Buxadé ha resumido su posición con un mensaje dirigido a los votantes: «Dadnos la mayoría suficiente para revertirlo en el minuto 1».
La formación plantea así una revisión exhaustiva de los expedientes y la reversión de aquellas concesiones que, tras la correspondiente comprobación, se consideren contrarias a la ley. Cualquier revocación, sin embargo, deberá ajustarse a los procedimientos legales y respetar las garantías de los afectados.
Sin garantías democráticas
El auto del Supremo supone un nuevo capítulo en una polémica que VOX ha situado entre sus principales denuncias sobre las garantías democráticas. La cuestión decisiva será ahora conocer el contenido íntegro de la resolución, el alcance exacto de los datos examinados y qué conclusiones pueden extraerse de la documentación que la Administración deba aportar.
Mientras tanto, VOX eleva la presión sobre el Gobierno y exige explicaciones sobre un procedimiento que considera insuficientemente transparente. La sospecha política está servida; demostrar la existencia de un fraude electoral requerirá, no obstante, pruebas concretas de irregularidades y de su eventual incidencia en el censo y en los resultados electorales.
