La Ertzaintza ha cargado en Vitoria contra una acampada que intentaba frenar el desahucio de una familia de ocho personas, entre ellas seis menores, en el barrio de Sansomendi. Según informa elDiario.es, el desalojo estaba previsto para la mañana del viernes 23 de octubre, tras años de litigios, y terminó en tensión, contenedores volcados y objetos lanzados contra los antidisturbios.
Una acampada de una noche frente al portal
Desde la noche del jueves 22 se organizó una acampada frente al portal con alrededor de un centenar de personas, con conciertos y una chocolatada. El viernes llegaron decenas de personas más, entre ellas estudiantes de colegios de la zona. La convocatoria partió del Sindicato Socialista de Vivienda, que había citado a los concentrados a las 9:30 en la puerta de la vivienda, en la avenida de Los Huetos.
La actuación policial
Poco antes de las 10:00 llegó la Ertzaintza y los manifestantes concentrados ante el portal fueron desalojados rápidamente. Los concentrados corearon consignas contra la policía y, cuando la primera línea intentó avanzar, la tensión aumentó. Según el relato, se volcaron contenedores y se lanzaron objetos contra los antidisturbios de la Brigada Móvil.
La información disponible no recoge detenidos ni heridos, ni describe con detalle las cargas que se mencionan en el titular de otros medios. Tampoco consta la versión de la Ertzaintza ni la del Ayuntamiento.
Qué dice la familia
La familia vive de alquiler y, según el artículo, está al corriente de pagos. Un hijo explicó que habían acudido a todas las inmobiliarias de Vitoria y de fuera, sin éxito. Según su relato, las asociaciones les remitieron a Servicios Sociales, donde les dijeron que no podían hacer nada y solo recibieron una hoja con apartamentos turísticos. La familia pide a las instituciones alternativas para no quedarse en la calle.
El sindicato añade que el contrato de alquiler ha terminado y que la situación amenaza con dejar a toda la familia en la calle. La portavoz Ixone Santa María atribuyó las dificultades para encontrar otra casa a un supuesto "racismo inmobiliario". Se trata de una valoración del sindicato, no de un hecho acreditado.
La otra parte: el propietario
Hay una pieza que cambia el cuadro. El diario El Correo, citado por elDiario.es, indica que la familia propietaria de la vivienda también es vulnerable. El artículo no incluye el nombre de la propiedad ni su versión, de modo que no se sabe cuánto tiempo lleva sin cobrar o sin disponer de su casa. El desalojo, además, se había retrasado durante años por litigios en los tribunales, lo que sugiere que una de las partes lleva mucho tiempo esperando una decisión judicial que se cumpla.
El pulso político: el sindicato culpa al Ayuntamiento
El Sindicato Socialista de Vivienda respalda a la familia. Su representante, Ane Mendiguren, denunció la "absoluta dejadez" del Gobierno municipal, formado por PSE-EE y PNV, y se quejó de que no había dado respuesta ni a la familia ni al sindicato. El Ayuntamiento todavía no ha dado su versión.
El caso llega en pleno debate sobre los desahucios y los decretos del Gobierno. LaBandera ha contado cómo el teléfono de los afectados por la okupación echa humo por los decretos que paralizan desahucios, donde son los propietarios quienes piden amparo.
Dos derechos enfrentados y ninguna solución a la vista
Lo ocurrido en Vitoria resume el choque entre la protección de una familia sin alternativa habitacional y el derecho de otra familia propietaria a recuperar su vivienda tras una resolución judicial. Mientras las administraciones no ofrezcan alternativas, la tensión se resolverá, como este viernes, en la calle. Queda por ver si el Ayuntamiento y el Gobierno vasco ofrecen una salida a la familia desalojada y si se esclarece qué ocurrió exactamente en las cargas, con un balance oficial de heridos y detenidos que por ahora no consta.
