Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, cambió los formularios de los consulados cuatro meses después de aprobar la instrucción que desarrollaba la Ley de Memoria Democrática, según recoge OKDiario. El medio sostiene que esa modificación abrió la puerta a nacionalizar a descendientes que no eran de exiliados, y lo hace el mismo día en que se conoce que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella por presunta prevaricación contra ella.
La instrucción del 25 de octubre de 2022
Pocos días después de aprobarse la Ley de Memoria Democrática, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicó una instrucción que la desarrollaba. Según OKDiario, la ley pretendía beneficiar solo a descendientes de exiliados, pero la instrucción extendía la nacionalidad a todos los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles.
El artículo afirma que más de 2,4 millones de personas han acabado solicitando la nacionalidad. Es una cifra del medio que no se acompaña de la fuente concreta.
El cambio de los formularios, el 14 de febrero de 2023
Los modelos de solicitud anexos a la instrucción sí se limitaban a familiares de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. El 14 de febrero de 2023, Puente rectificó los formularios y calificó el cambio de "error". La corrección, publicada en el BOE según el artículo, eliminó el requisito de que la pérdida de la nacionalidad fuera consecuencia del exilio: bastaba ser descendiente de un originariamente español. El medio destaca que el cambio se hizo en apenas cuatro meses.
Puente defendió que esa lectura era más acorde con la voluntad del legislador y con el espíritu de la ley. Es la justificación que el artículo recoge de 2023, y no hay una respuesta nueva ni del Gobierno, ni del Ministerio de Justicia, ni de ella.
Las consecuencias que señala el medio
Según reportajes previos de OKDiario citados en la información, descendientes de emigrantes del siglo XIX, incluidos bisnietos, obtuvieron la nacionalidad sin relación con la Guerra Civil ni con el franquismo. El medio también reveló una orden enviada a los consulados que permitía nacionalizar sin pruebas de exilio, acreditando solo la nacionalidad originaria española del ascendiente. La instrucción consideraba exiliado a quien hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y en esos casos bastaba con acreditar la salida del país, no el exilio.
El Tribunal Supremo suspendió el voto de 163.020 nacionalizados. Los consulados deben determinar cuántos presentaron documentación que acreditara el exilio de sus antepasados. A fecha del artículo, la Oficina del Censo Electoral no había recibido esa información y esas personas siguen en el censo del 29-N.
La querella por presunta prevaricación
La magistrada Inmaculada Lova admitió a trámite el miércoles la querella presentada por Hazte Oír, al considerar que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación. Se trata de una admisión a trámite, no de una condena ni de una determinación de responsabilidad, y Sofía Puente goza de presunción de inocencia. Su situación procesal es la misma que contó LaBandera: Vox intensificó su ofensiva judicial ampliando la querella contra Sofía Puente, y la Fiscalía maniobró en el Supremo para blindarla.
Una polémica que sigue abierta
La clave del caso es si la ampliación del círculo de beneficiarios fue una interpretación legítima de la ley o una extralimitación de funciones. Hazte Oír sostiene lo segundo; la defensa de Puente, hasta ahora, ha alegado que se ajustaba al espíritu de la norma. La instrucción judicial tendrá que aclararlo, mientras el Supremo mantiene suspendido el voto de los nacionalizados a las puertas de las elecciones.
