Las víctimas del terrorismo de ETA vuelven a lanzar una seria advertencia sobre la actuación de la Fiscalía ante el crecimiento de organizaciones radicales vinculadas a la izquierda abertzale. La asociación Dignidad y Justicia denuncia que sus avisos sobre estos grupos no han recibido la respuesta que reclamaban, mientras las últimas investigaciones policiales han sacado a la luz materiales que han encendido las alarmas de las fuerzas de seguridad.
Según una información publicada por The Objective, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, sostiene que llevan años alertando de la actividad de estas organizaciones sin que se haya impulsado una investigación suficiente. «Llevamos años denunciando esto y no nos hacen ni caso. Esto se veía venir», afirma Portero, que advierte de la preocupación existente por la evolución de estos colectivos.
El señalamiento resulta especialmente grave por proceder de una asociación que representa a víctimas del terrorismo y que reclama que cualquier indicio de violencia o preparación de actividades delictivas sea investigado sin concesiones políticas.
Planos de antiguos zulos y datos de agentes
La investigación sobre Aratz Bilbao y Malen Grünig, vinculados a la coordinadora Jardun, ha cobrado relevancia tras la intervención de material que, según las informaciones publicadas, incluiría planos de antiguos zulos de ETA, dispositivos electrónicos cifrados y datos relacionados con miembros de las fuerzas de seguridad, como matrículas y listas de agentes.
Ambos fueron detenidos junto a un ciudadano irlandés que, según la misma información, tendría vínculos con el entorno del antiguo IRA. Los investigados quedaron en libertad, una circunstancia que no equivale a una declaración de inocencia ni acredita por sí misma que hayan cometido delitos. La investigación deberá determinar el significado del material intervenido y si existen indicios suficientes para formular acusaciones.
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha argumentado que la actuación sobre estas organizaciones resulta más compleja porque operan en una situación de alegalidad: no están inscritas en los registros habituales de partidos políticos o asociaciones. Esa falta de encaje jurídico dificulta conocer formalmente su estructura, dirección y financiación.
Las víctimas exigen respuestas
La cuestión central es por qué, si existían advertencias previas sobre algunos de estos colectivos, no se actuó antes con mayor eficacia. Portero sostiene que la falta de vigilancia les habría permitido acumular fuerzas durante años. Se trata de una denuncia de la asociación que exige explicaciones y una respuesta institucional documentada.
El debate alcanza también a Ernai, organización juvenil vinculada al entorno político de Sortu, que ha aparecido relacionada en informaciones recientes con acciones de propaganda y actos vandálicos. La eventual responsabilidad penal por hechos concretos debe establecerse individualmente y con pruebas, sin confundir la actividad política con la comisión de delitos.
La ausencia de la Fiscalía de Sánchez
La Fiscalía tiene la obligación de actuar conforme a la ley y a los indicios disponibles, no a conveniencias partidistas. Por eso, las denuncias de Dignidad y Justicia merecen una explicación clara: qué información recibió el Ministerio Público, qué diligencias se practicaron y por qué determinadas actuaciones no prosperaron, si así ocurrió.
Las víctimas de ETA no deberían tener que repetir durante años las mismas advertencias para que se examinen posibles riesgos. Si hubo indicios suficientes que no se investigaron, deberán depurarse las responsabilidades correspondientes. Y si no los había, las instituciones deben explicar sus decisiones con transparencia. La lucha contra cualquier forma de violencia política exige rigor, igualdad ante la ley y ninguna tolerancia con quienes pretendan intimidar o atacar a los representantes del Estado.
