Casi 70.000 ciudadanos de Marruecos figuran como titulares de esta prestación, según datos del INSS publicados por The Objective, mientras Vox propone restringir las ayudas sociales a extranjeros y ampliar las expulsiones
¿Cuántos marroquíes que cobran el ingreso mínimo vital serían deportados si Vox gobernara España? La pregunta cobra especial relevancia después de conocerse que 69.517 ciudadanos de nacionalidad marroquí figuran como titulares de esta ayuda pública, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) obtenidos por The Objective mediante una solicitud de Transparencia.
La cifra representa prácticamente la mitad de los 139.446 titulares extranjeros incluidos en el desglose facilitado por el organismo público. Sin embargo, las propuestas migratorias de Vox no permiten concluir que todos ellos fueran expulsados de España.
El partido de Santiago Abascal defiende la expulsión de inmigrantes en situación irregular y ha planteado medidas para restringir el acceso de extranjeros a las prestaciones sociales. En una iniciativa registrada en abril de 2026 en las Cortes Valencianas, la formación también reclamó promover la denominada remigración de extranjeros que, a su juicio, no contribuyen económicamente al país.
La aplicación de estas propuestas exigiría cambios normativos y tendría que respetar las garantías jurídicas correspondientes.
Casi 70.000 marroquíes cobran el ingreso mínimo vital según los datos conocidos del INSS
La información publicada por The Objective el 2 de agosto de 2026 revela que Marruecos encabeza el listado de nacionalidades extranjeras entre los titulares del ingreso mínimo vital.
De los 139.446 titulares extranjeros recogidos en la documentación remitida por el INSS, 69.517 tienen nacionalidad marroquí. Les siguen los ciudadanos rumanos, con 15.262 titulares, y los ucranianos, con 4.612.
Los datos presentan dos limitaciones importantes. La estadística facilitada al periódico no incluye las provincias de País Vasco y Navarra, y contabiliza titulares de la prestación, no a todos los miembros de sus unidades familiares.
Además, el propio periódico identificó diferencias entre ese desglose y otras estadísticas del INSS correspondientes a junio de 2026.
Por tanto, los 69.517 casos constituyen una cifra documentada en la información obtenida por Transparencia, pero no un recuento completo y actualizado de todos los ciudadanos marroquíes protegidos por el IMV en España.
Vox propone expulsiones y restringir las ayudas a los extranjeros
Las medidas defendidas por Vox permiten identificar qué cambios pretende introducir el partido en la política migratoria española.
Su programa electoral de 2023 contemplaba la expulsión de inmigrantes que hubieran accedido ilegalmente al territorio nacional y la eliminación de ayudas públicas para personas en situación irregular.
Posteriormente, en su programa de 2025, la formación defendió condicionar determinados servicios públicos destinados a inmigrantes legales a sus años de cotización.
En abril de 2026, Vox registró una iniciativa en las Cortes Valencianas en la que solicitó reservar las prestaciones y pensiones públicas de naturaleza no contributiva a ciudadanos españoles.
La propuesta también incluía medidas para repatriar a inmigrantes en situación irregular y promover la salida de extranjeros que, según los criterios defendidos por el partido, no contribuyeran al sostenimiento del Estado del bienestar.
Sin embargo, estas posiciones políticas no equivalen a una norma vigente ni establecen una cifra concreta de ciudadanos marroquíes que serían expulsados.
Cobrar el ingreso mínimo vital no significa estar en situación irregular
Existe una circunstancia jurídica fundamental para interpretar los datos.
La Ley 19/2021, que regula el ingreso mínimo vital, establece como requisito general acreditar residencia legal y efectiva en España durante al menos un año antes de solicitar la prestación.
La normativa contempla excepciones específicas, como determinadas víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.
En consecuencia, no puede presumirse que una persona extranjera que percibe legalmente el IMV se encuentra en situación administrativa irregular.
Esto resulta decisivo al analizar las propuestas de expulsión de Vox.
Aunque el partido plantea restricciones a las ayudas públicas, no existe una equivalencia jurídica entre ser titular del ingreso mínimo vital y encontrarse en alguno de los supuestos legales que permiten una expulsión.
Tampoco se dispone de información individualizada sobre la situación laboral, los años de residencia, los vínculos familiares o las circunstancias administrativas de los 69.517 titulares marroquíes identificados en la estadística.
Cuántos marroquíes podrían verse afectados por las medidas de Vox
Los datos conocidos permiten establecer la dimensión del colectivo que podría verse afectado por una eventual reforma de las prestaciones sociales, pero no calcular cuántas personas serían deportadas.
Para obtener una estimación de expulsiones sería necesario conocer cuántos perceptores cumplen los supuestos contemplados en las propuestas de Vox, qué modificaciones legales llegaría a aprobar un hipotético Gobierno y cómo se aplicarían en cada caso.
Además, la legislación española exige tramitar los procedimientos de expulsión con las garantías correspondientes.
El Ministerio del Interior recuerda que estas decisiones deben estar motivadas y sujetas al principio de proporcionalidad. La normativa también contempla circunstancias personales y familiares que pueden impedir o limitar una expulsión.
Por tanto, afirmar que los 69.517 titulares marroquíes del IMV serían deportados automáticamente carecería de fundamento.
Lo que sí puede afirmarse es que una eventual reserva de determinadas prestaciones no contributivas a ciudadanos españoles podría modificar las condiciones de acceso de extranjeros, incluidos perceptores marroquíes, si llegara a aprobarse y resultara jurídicamente aplicable al IMV.
El Gobierno destina cerca de 480 millones mensuales al ingreso mínimo vital
El debate sobre el futuro de esta prestación coincide con un crecimiento de su cobertura.
Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión el 7 de octubre de 2026, el ingreso mínimo vital llegó durante septiembre a 905.792 hogares, en los que residían 2.761.686 personas.
La nómina mensual ascendió aproximadamente a 479,3 millones de euros, con una cuantía media de 501,5 euros por hogar.
Estas cifras corresponden al conjunto de hogares perceptores, independientemente de su nacionalidad.
No permiten determinar cuánto dinero reciben específicamente los titulares marroquíes ni calcular el ahorro presupuestario que producirían las propuestas de Vox.
Para realizar ese cálculo sería necesario disponer de los importes efectivamente abonados a cada grupo de perceptores y de una definición precisa de los cambios legales propuestos.
La gran incógnita sobre el futuro de las ayudas sociales con Vox
La información disponible deja dos hechos relevantes.
Por un lado, los datos obtenidos del INSS identifican a 69.517 ciudadanos marroquíes como titulares del ingreso mínimo vital dentro del ámbito territorial analizado.
Por otro, Vox ha defendido medidas para restringir el acceso de extranjeros a prestaciones públicas y ampliar los supuestos de repatriación o expulsión.
La relación entre ambas cuestiones, sin embargo, no permite anticipar una cifra de deportaciones.
El propio Santiago Abascal rechazó en julio de 2025 que su partido hubiera fijado un número concreto de inmigrantes a expulsar.
La diferencia entre retirar una prestación, modificar sus requisitos y ordenar una expulsión resulta esencial para comprender el alcance real de las propuestas.
La cifra de casi 70.000 titulares marroquíes está documentada. Cuántos de ellos podrían perder la prestación o verse afectados por una eventual política de expulsiones sigue siendo una cuestión que los datos disponibles no permiten responder.
