Roxana Estévez, una madre de 51 años que vive en Fuengirola (Málaga), afronta una auténtica carrera contrarreloj para evitar el desahucio de su vivienda junto a su hijo de ocho años con síndrome de Down. Después de acumular varios meses de impagos, la Justicia ha ordenado el lanzamiento, que podría producirse el próximo mes de noviembre.
La mujer asegura que no encuentra un empleo estable compatible con las necesidades de su hijo y denuncia que, pese a haber acudido a los servicios sociales y estar inscrita en programas de alquiler social, todavía no dispone de una solución que impida que ambos se queden sin hogar.
Un alquiler de 1.000 euros y ocho meses de impagos
El procedimiento judicial se tramita en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuengirola. Roxana reconoce que ha acumulado aproximadamente ocho mensualidades sin abonar el alquiler de su vivienda, cuyo precio asciende a 1.000 euros mensuales.
Según explicó a la Cadena SER, cuando llegó al inmueble tuvo que desembolsar alrededor de 8.500 euros entre mensualidades adelantadas, fianza y gastos de intermediación inmobiliaria.
Durante los primeros meses consiguió hacer frente a sus obligaciones, pero su situación económica comenzó a deteriorarse cuando dejó de disponer de ingresos suficientes.
La principal dificultad, asegura, es encontrar un trabajo que pueda compaginar con el cuidado de su hijo Nazareno.
Roxana ha trabajado en hostelería y limpieza, pero los turnos de tarde y noche complican especialmente su situación, ya que no cuenta con una red familiar estable que pueda hacerse cargo del menor.
El desahucio podría ejecutarse entre el 20 y el 22 de noviembre
La fecha inicial del lanzamiento estaba fijada para el pasado 20 de octubre. Sin embargo, el procedimiento fue aplazado aproximadamente un mes.
Según la información publicada por la Cadena SER, la madre maneja ahora como posibles fechas los días 20, 21 o 22 de noviembre, aunque todavía debe confirmarlas con su abogado de oficio.
Este aplazamiento le proporciona unas semanas adicionales para encontrar una alternativa, pero no resuelve el problema de fondo.
La mujer necesita acceder a una vivienda asequible y disponer de ingresos estables para mantener a su hijo.
La madre denuncia que sigue sin una vivienda social
Roxana asegura que ha acudido en repetidas ocasiones a los servicios sociales para solicitar ayuda.
También afirma estar inscrita en los programas de alquiler social, aunque las largas listas de espera dificultan la posibilidad de conseguir una vivienda antes de la fecha prevista para el desalojo.
Su petición se dirige especialmente al Ayuntamiento de Fuengirola, al que reclama una revisión urgente de su expediente teniendo en cuenta las circunstancias familiares.
La madre sostiene que no busca que le perdonen la deuda ni pretende vivir permanentemente de ayudas públicas. Su objetivo es encontrar una vivienda cuyo alquiler pueda afrontar y conseguir un empleo compatible con el cuidado de Nazareno.
Hasta el momento, según su testimonio, ha recibido una tarjeta para alimentación de aproximadamente 300 euros cada dos meses, además de apoyo de Cáritas y algunas ayudas relacionadas con las necesidades del menor.
También ha conseguido acceso al comedor escolar y a una terapia para su hijo, aunque denuncia que algunos de estos recursos tardaron meses en llegar.
El cuidado de su hijo dificulta encontrar trabajo
La situación de Nazareno requiere una atención constante que condiciona las posibilidades laborales de su madre.
Roxana explica que el pequeño sigue necesitando pañales y otros productos de cuidado, cuyos costes se suman a los gastos habituales de alimentación y vivienda.
Además, señala que su hijo nació en Argentina y todavía está tramitando la nacionalidad española, circunstancia que, según su relato, está afectando al acceso a determinadas prestaciones.
La mujer, que sí tiene nacionalidad española, regresó desde Argentina con la intención de ofrecerle mejores oportunidades a su hijo.
Para ello invirtió sus ahorros en instalarse en Málaga, pero la falta de estabilidad económica ha terminado poniendo en peligro su proyecto familiar.
La propietaria también se enfrenta a las consecuencias del impago
El caso presenta otra circunstancia importante. Roxana reconoce expresamente la deuda y asegura comprender la posición de la propietaria.
Según su testimonio, ambas han mantenido una relación correcta y la arrendadora habría podido recurrir al seguro de impago.
El procedimiento judicial responde precisamente a la falta de pago de las mensualidades pactadas.
La situación refleja así dos realidades que deben abordarse conjuntamente: el derecho de la propietaria a recuperar las cantidades adeudadas y la necesidad de encontrar una respuesta social adecuada para una familia con un menor especialmente vulnerable.
La madre insiste en que no pretende eludir sus responsabilidades económicas, sino conseguir tiempo y apoyo para encontrar una salida.
Málaga registra una presión creciente sobre el mercado del alquiler
El caso se produce en un contexto de fuertes dificultades para acceder a una vivienda en la provincia.
Según los datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro publicados este 26 de octubre, Málaga registra un precio medio de alquiler de 1.316 euros mensuales, situándose como la provincia andaluza más cara.
El mismo informe señala que cada vivienda anunciada en Málaga recibe una media de 101 interesados durante sus primeros diez días en el mercado.
Esta presión sobre la oferta complica especialmente la búsqueda de alternativas para familias con ingresos reducidos.
En el caso de Roxana, encontrar una vivienda más económica resulta imprescindible para evitar que la situación vuelva a repetirse.
Una carrera contrarreloj para evitar quedarse en la calle
Con noviembre cada vez más cerca, la madre confía en que su caso pueda revisarse y que las administraciones encuentren una alternativa antes de que se ejecute el lanzamiento.
No consta, por el momento, una solución habitacional confirmada.
La situación de Roxana y Nazareno vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de conciliar el cuidado de menores con discapacidad, el acceso al empleo y los elevados precios de la vivienda.
Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando y la familia continúa buscando una respuesta que permita al pequeño mantener un hogar estable.
