El analista económico Manuel Llamas alerta de un supuesto uso fraudulento del Ingreso Mínimo Vital por parte de parejas que conviven juntas, pero figuran registradas en domicilios diferentes para solicitar dos prestaciones.
Una familia con cuatro hijos podría llegar a percibir 2.700 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital mediante una supuesta trampa relacionada con el empadronamiento. Así lo denuncia el analista económico Manuel Llamas, que ha puesto el foco en una posible utilización irregular de las ayudas públicas en España.
La fórmula, conocida como el «doble padrón», consistiría en que dos progenitores que realmente viven juntos aparezcan registrados en viviendas distintas y soliciten prestaciones como si pertenecieran a dos unidades de convivencia independientes.
La denuncia, recogida por La Razón el 27 de octubre, plantea interrogantes sobre los controles administrativos del sistema. No obstante, la cifra procede de un ejemplo expuesto por el analista y no de un caso concreto de fraude acreditado públicamente.
La Razón+1
El supuesto doble padrón que permitiría superar los 2.500 euros mensuales
El ejemplo utilizado por Manuel Llamas parte de una pareja con cuatro hijos que, aunque comparte vivienda, declara domicilios diferentes ante la Administración.
Según su planteamiento, la madre figuraría empadronada con tres menores y el padre aparecería registrado en otra dirección junto al cuarto hijo.
Con esta distribución ficticia, el analista calcula que podrían solicitarse prestaciones por las siguientes cantidades aproximadas:
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1.600 euros mensuales para la unidad formada por la madre y tres hijos.
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1.100 euros mensuales para la unidad formada por el padre y otro menor.
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2.700 euros mensuales en total, equivalentes a 32.400 euros anuales.
El elemento decisivo de la denuncia no es que una familia tenga derecho a recibir ayudas, sino la posibilidad de que se declare una composición familiar distinta de la real para incrementar artificialmente las cantidades percibidas.
Sin embargo, estar empadronado en dos direcciones diferentes no basta para conseguir automáticamente dos prestaciones. La Seguridad Social debe comprobar las condiciones de convivencia, los ingresos y el patrimonio de los solicitantes.
El Ingreso Mínimo Vital alcanza ya a más de 2,7 millones de personas
La polémica llega en un momento de expansión del Ingreso Mínimo Vital, una prestación destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares que cumplen los requisitos económicos establecidos.
Según las cifras oficiales correspondientes a septiembre de 2026, el programa presenta estas magnitudes:
Personas beneficiarias
2.761.686
Hogares protegidos
905.792
Nómina mensual
479,3 M€
Prestación media por hogar
501,5 €
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social, septiembre de 2026.
Revista Seguridad Social
Las cifras reflejan la dimensión del sistema de protección social y la importancia de que los recursos públicos lleguen a los hogares que realmente cumplen las condiciones exigidas.
Qué dice la Seguridad Social sobre las ayudas y las unidades de convivencia
La normativa del Ingreso Mínimo Vital establece que las cantidades reconocidas dependen de la composición real de cada unidad de convivencia y de su situación económica.
En 2026, la renta garantizada ordinaria para una unidad de dos adultos y tres o más menores asciende aproximadamente a 1.614 euros mensuales, antes de considerar los ingresos computables y los complementos que puedan corresponder.
El sistema contempla además el Complemento de Ayuda para la Infancia, cuyas cuantías varían según la edad de los menores.
Por tanto, no existe un derecho generalizado a cobrar 2.700 euros por el mero hecho de dividir los empadronamientos de una familia. La residencia efectiva y los vínculos familiares son elementos relevantes para determinar qué prestación corresponde legalmente.
Inclusión y Seguridad Social+1
La denuncia reabre el debate sobre el control de las ayudas públicas
El planteamiento de Llamas introduce una cuestión especialmente sensible para las cuentas públicas: hasta qué punto los mecanismos de comprobación pueden detectar situaciones en las que los datos declarados no coinciden con la realidad.
Si una pareja convive realmente en el mismo domicilio, pero comunica deliberadamente una situación diferente para conseguir prestaciones superiores a las que le corresponden, podría estar incurriendo en una irregularidad susceptible de revisión y reintegro de cantidades indebidamente cobradas.
Ahora bien, el supuesto denunciado no permite concluir que esta práctica esté extendida ni cuantificar cuántas familias podrían utilizarla.
El debate enfrenta dos necesidades que no deberían ser incompatibles: mantener una red de protección para las personas vulnerables y garantizar que cada euro de dinero público se concede conforme a la ley.
La cuestión de fondo es si los controles existentes resultan suficientes para identificar declaraciones falsas sin perjudicar a los cientos de miles de hogares que dependen legítimamente de estas prestaciones.
